EDITORIAL

Más información para el accionista

Sólo quedan tres días para el comienzo de 2004. El año en que las empresas deberán empezar a aplicar en todo su rigor los contenidos de la Ley de Transparencia que se desarrollarán en la orden ministerial que está ultimando Economía. La norma contiene nuevas obligaciones para las sociedades cotizadas. Unas obligaciones que se resumen en una sola palabra: información. El objetivo es lograr transparencia en la gestión para que los accionistas puedan tomar las decisiones adecuadas sobre su inversión.

La transparencia se ha convertido en el antídoto para luchar contra las secuelas de los escándalos empresariales como los sucedidos con empresas como Enron o Worldcom, que lograron empañar la confianza de los inversores en los mercados. Recuperarla no es fácil. Pero parecía más difícil al otro lado del Atlántico que en Europa, donde, salvo algunas excepciones siempre de menor calado que los escándalos estadounidenses, las empresas parecían estar a salvo de grandes fiascos. Pero la realidad suele poner las cosas en su sitio. Los recientes sucesos relacionados con la crisis del grupo italiano Parmalat han puesto de manifiesto, no obstante, que los fraudes empresariales no son exclusiva de esta o aquella zona geográfica.

En España, la ley en curso y su futuro desarrollo reglamentario suponen un gran avance para lograr la tan deseada y añorada transparencia empresarial. Las nuevas exigencias de información que deberán cumplir a partir de ahora las empresas cotizadas servirán, sin duda, tanto para facilitar a los inversores la máxima información de las empresas en las que depositan su dinero como para evitar posibles tentaciones de fraude empresarial. Pero las medidas legislativas de transparencia no serán suficientes sin un serio compromiso ético por parte de quienes gestionan las sociedades y sin un esfuerzo de vigilancia del cumplimiento de las normas por parte de los organismos reguladores.