Un informe censura el pago de 25 millones a Adeslas
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, considera que la indemnización de 25,4 millones de euros que el Gobierno valenciano dio a la UTE concesionaria del hospital de Alzira (Valencia), liderada por Adeslas, por anular la concesión no se ajusta a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La Generalitat pagó a la UTE 69 millones por los activos no amortizados y 'por lucro cesante'. Posteriormente, la UTE pagó 72 millones a la Generalitat por un contrato de concesión similar al anulado, aunque con mejores condiciones.
Según el síndico, la ley dice que en caso de resolución del contrato por mutuo acuerdo, 'los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado' y recuerda que ni el contrato ni el pliego de cláusulas de explotación recogían la indemnización por lucro cesante. Además, añade que el lucro cesante se calculó de una forma que 'no es procedente', ya que debió cifrarse en función de los resultados del quinquenio anterior, que arrojaban pérdidas.