Ex directivos de Antena 3 justifican ante un juez la compra de Onda Cero
Los cuatro imputados (Juan José Nieto, ex consejero de Antena 3 y ex presidente del consejo de administración de Admira; Luis Blasco, ex presidente del consejo de administración de Antena 3 y ex vicepresidente de Admira; Luis Velo, ex consejero delegado de Antena 3, y Enrique Álvarez, ex presidente del consejo de administración de Antena 3 y ex vicepresidente de Admira) justificaron ante la jueza María Soledad Escolano la compra de Onda Cero por parte de la cadena de televisión, basándose en un informe que encargaron al banco de negocios Salomon Brothers, según fuentes jurídicas.
El informe de Salomon, de más de 20 páginas, constituye una valoración de las posibilidades futuras de Onda Cero, centrándose en el sector de la radio en España y su oportunidad como negocio. Sin embargo, el informe no justifica expresamente los cerca de 230 millones de euros que Antena 3 pagó a Admira (la filial de medios de Telefónica) por Onda Cero, el punto central en el que se basa la acusación para imputar a los ex directivos por un presunto delito de estafa.
La querella, admitida a trámite el pasado 15 de septiembre, fue interpuesta por dos accionistas minoritarios de Antena 3. En ella se afirma que los imputados realizaron una 'maniobra' para hacer que Antena 3 comprara a Admira una cadena de radio por unos 230 millones de euros 'en un precio y demás condiciones flagrantemente contrarias al interés de la compañía, burdamente favorables al socio de control de la misma (Admira), el cual es al tiempo vendedor de esa cadena de radio, y en perjuicio tanto de Antena 3 como de sus socios minoritarios'.
La acusación afirma que se adquirió la cadena engañando a los demás socios
Luis Velo, uno de los primeros en declarar ayer ante la jueza, afirmó que tanto él como los demás imputados siguieron las directrices del socio de control de Antena 3 (Telefónica, con un 47,51% del capital), cuya intención era crear un grupo multimedia. A preguntas de la magistrada, aseguró que, siendo consejero delegado de Antena 3, su sueldo no procedía de la cadena, sino de Telefónica. De hecho, como recordó la acusación, dos de los ex directivos (Luis Blasco y Luis Velo) continúan en Telefónica desempeñando diversos cargos.
Según los querellantes, 'el control que ejercía Telefónica sobre Antena 3 le permitió urdir esta maniobra que conduciría a hacerle pagar a Antena 3 lo que las sociedades no valían, detrayendo así del patrimonio de Antena 3 el dinero perdido por Admira en su nefasta incursión en el mundo de la radio'.
En la querella se detalla el importe de la operación. Telefónica compró Onda Cero por 119 millones de euros en 1999. Mientras estuvo en su poder, entre 1999 y 2001, la cadena le provocó unas pérdidas de explotación por importe de casi 48 millones. La operadora se vio además obligada a financiar la emisora con préstamos por importe de 98,9 millones euros.
En 2001 Telefónica vendió la cadena de radio por cerca de 230 millones de euros a su participada Antena 3, 'engañando a los demás socios y administradores ajenos al grupo Telefónica y ocultándoles datos fundamentales de la operación que, de haber sido conocidos, habrían provocado su oposición a la misma', según los querellantes.
Juan José Nieto volverá a declarar el próximo lunes, ya que ayer no pudo completar su testimonio por falta de tiempo. Según fuentes jurídicas, la jueza citará después a declarar a un perito solicitado por la acusación. En calidad de testigos, la acusación ha llamado a Joan David Grimá (director general del Santander) y a Alejandro Kindelán (consejero de Recoletos), entre otros.
La demanda civil ha quedado suspendida
El proceso judicial contra la operación de compra de Onda Cero comenzó por lo civil. En mayo del año pasado, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas admitió a trámite una demanda por los mismos hechos por los que ahora están imputados los cuatro ex directivos de Antena 3. La cuantía de la demanda era indeterminada, dejando así en el criterio del juez la fijación de ésta. Sin embargo, este proceso civil ha quedado paralizado a la espera de que se solucione el iniciado por la vía penal. El delito de estafa descrito en la querella está definido en el Código Penal y está tipificado con penas de prisión de entre seis meses a seis años y multas de seis a doce meses. 'Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno', dice el Código Penal.