Los asesores fiscales ven 'inviable' tener agencias tributarias regionales
El debate abierto sobre el modelo fiscal vigente y sus repercusiones sobre las comunidades autónomas tiene su extensión entre los expertos del mundo académico y profesional.
Ayer, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Durán-Sindreu, recalcó que el marco jurídico actual hace 'inviable técnicamente' la creación de agencias tributarias autonómicas, como pretenden Cataluña y Andalucía. Para ello habría que modificar varias normas, entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades (Lofca).
Aunque Sindreu rechazó valorar políticamente la propuesta ('una asociación profesional no debe comentar decisiones políticas'), sí recalcó que la creación de más de una agencia tributaria puede originar problemas de coordinación entre ellas, incluso pérdida de eficacia en la lucha contra el fraude, si no se definen escrupulosamente las competencias de cada una de ellas.
Revisión del modelo
En su opinión, el modelo actual, que permite figuras híbridas como recursos estatales cedidos a las comunidades o la participación de éstas en la recaudación de impuestos centrales, es origen de tensiones normativas que tenderán a acrecentarse en el futuro inmediato.
'Cualquier reforma tributaria sobre impuestos estatales cedidos a las comunidades obligará a compensar a éstas, como ya ha ocurrido con el impuesto de actividades económicas (IAE) para los municipios, y se está planteando con el impuesto que grava las sucesiones', dijo.
En este sentido, Sindreu abogó por tributos propios para cada una de las Administraciones, evitando la figura de la cesión, en línea con lo propuesto por el Ejecutivo andaluz que preside Manuel Chaves. Sólo así se evitarán problemas de aplicación de la norma, que pueden llegar hasta al Tribunal Constitucional.
El IAE en vigor puede ser inconstitucional
La Aedaf hizo público ayer un informe sobre el impuesto de actividades económicas (IAE), que ha remitido al Ministerio de Hacienda, y en el que avisa de la posible inconstitucionalidad del tributo. Tras su reforma en 2002, el 92% de las pymes están exentas del pago de este impuesto, concentrándose la carga tributaria en las medianas y grandes empresas.'Esto es discriminatorio, ya que el hecho imponible del impuesto afecta a toda actividad económica. Por tanto, el impuesto debería suprimirse para todas las empresas', comentó Durán-Sindreu, animando a las afectadas a que lo impugnen ante los tribunales.