El modelo de financiación territorial se abre paso en el debate electoral
El modelo de financiación autonómica será uno de principales caballos de batalla de las elecciones generales de marzo. La búsqueda por parte de algunas comunidades de régimen común (léase Cataluña y Andalucía) de un modelo que se acerque al Concierto Económico que disfrutan País Vasco y Navarra ha situado a todos los partidos políticos en el disparadero. Todos ellos, menos el PP, abogan por una revisión de la situación actual.
El modelo de ahora apenas tiene dos años de vigencia. Negociado en 2001 por el Ejecutivo y todas las comunidades, supone una mayor autonomía financiera para todas ellas con respecto al vigente hasta ese momento. Está previsto que en 2004 el Consejo de Política Fiscal (integrado por el Gobierno central y los autonómicos) efectúe un primer análisis sobre su funcionamiento.
Las 15 comunidades de régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) se financian básicamente con una cesta de tributos cedidos (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ventas minoristas de hidrocarburos y matriculación) y una participación en tributos estatales, aparte de los respectivos impuestos propios.
Andalucía y Galicia absorben la mayoría del fondo de compensación
De los tributos estatales, las comunidades se financian con el 33% del IRPF; el 35% del IVA; el 40% de los impuestos especiales sobre cerveza, alcohol, hidrocarburos y tabaco, y el 100% del impuesto sobre la electricidad.
Además, cuentan con un fondo de suficiencia, con cargo a los Presupuestos del Estado, que las compensa por el aumento de gastos que han tenido desde que adoptaron el nuevo modelo. Técnicamente cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad y los recursos tributarios que se le atribuyeron en el año base (1999) del nuevo modelo. Este fondo está dotado con 25.000 millones de euros para 2004. El 27% irá a Andalucía, y el 8% a Cataluña. La solidaridad entre regiones se recoge también a través de un fondo de compensación interterritorial (FCI), dotado con 1.000 millones para 2004 y destinado sólo a las más pobres, como Andalucía y Galicia.
Andalucía Pretende la plena gestión de los impuestos cedidos
Frente al modelo catalán, que persigue la gestión de todos los tributos pagados en el territorio autonómico, el presidente andaluz, Manuel Chaves, pretende una reforma del estatuto, en la que pide autonomía tributaria pero sólo para los impuestos propios y los cedidos. Aun así, Chaves reclama, como el presidente catalán Pasqual Maragall, una agencia tributaria autónoma.La agencia andaluza no gestionaría impuestos estatales como el IRPF, sino una cesta de tributos cedidos que el Ejecutivo andaluz considera que 'se tienen que convertir ya en propios'.El jefe de la Junta persigue un nuevo sistema de financiación, 'desde la lealtad constitucional', pero que tienda a un equiparación en prestaciones entre el sistema de régimen común y el sistema foral. Chaves cree que el derecho a la diferencia de Navarra y Euskadi no debe implicar un derecho a la desigualdad.
Euskadi Disfruta del mayor grado de autonomía fiscal
Uno de los puntales del autogobierno en Euskadi es el Concierto Económico, un peculiar sistema que regula las relaciones financieras y tributarias con el Estado. El Concierto fue recuperado a finales de 1981. ¿Pero cuál es el 'privilegio fiscal' del Concierto? Surgido del Estatuto de Gernika y desde 2002 sin fecha de caducidad (antes se renegociaba cada 20 años), establece la potestad de regular tributos y el margen de maniobra que tiene las diputaciones forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) impuesto por impuesto. Recoge la cuantía a pagar a la Agencia Tributaria en concepto de cupo como 'contribución a todas las cargas del Estado que asuma la comunidad'. Su porcentaje es del 6,24%, el peso de la economía vasca. Las tres haciendas del País Vasco gestionan y recaudan un serie de tributos concertados, como IRPF, sociedades o IVA. En 1997 el Concierto amplió su capacidad en IRPF y concertó los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos).
Cataluña Quiere equilibrar la relación financiera con España
El acuerdo entre PSC, ERC e ICV fija que la negociación con Madrid se realizará a través de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat establecida en el estatuto de autonomía 'como órgano bilateral de negociación y aprobación' de las relaciones fiscales con el Estado. Los catalanes deben pagar por renta y recibir del Estado en función de la población (16,6% de la española). Establece la creación de una agencia tributaria que será la encargada de recaudar el 100% de los impuestos que pagan los catalanes. El modelo que se quiere pactar establece que la Generalitat participará en todos los impuestos, incluido el de sociedades. El modelo pretende recortar a la mitad el déficit fiscal catalán (8% del PIB) en 10 años. El acuerdo de financiación supondría unos 6.000 millones de euros anuales más para Cataluña. Se aplaza la reclamación de soberanía fiscal; pero ERC no renuncia a reclamar el Concierto que debería incluirse en el nuevo Estatut.