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Cajas

La Caixa tendrá menos electores catalanes

Las enmiendas del PP a la Ley de Acompañamiento en el Parlamento obligará a las cajas a cambiar la composición de la asamblea general (órgano que elige a los miembros del consejo) de forma urgente. Desde que entre en vigor la ley en enero da seis meses para que las entidades recojan los nuevos requisitos en sus estatutos; y ese mismo plazo a las comunidades autónomas para que adapten su legislación.

Este cambio, que exige la entrada de nuevos representantes de ayuntamientos e impositores (clientes) de otras comunidades autónomas en la asamblea de cada caja según los depósitos que tenga en cada zona, afectará sobre todo a La Caixa, primera caja del país, la de red más extensa (4.692 oficinas al cierre de septiembre) y con más negocio fuera de su zona.

Tal como está prevista la reforma, La Caixa tendrá que reflejar proporcionalmente en este órgano el peso del negocio captado fuera de su territorio. Así de claro lo manifestó el subsecretario de Estado de Economía, Miguel Crespo, tras su ponencia en unas jornadas de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros.

Las entidades tendrán seis meses para adaptar sus estatutos a la nueva representación

El 'efecto limitado'

Actualmente, la asamblea de La Caixa tiene nueve representantes de zonas no catalanas con fuerte presencia de la entidad (cuatro de corporaciones locales y cinco de impositores de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía) elegidos por sorteo o, como el Ayuntamiento de Madrid, de representación fija. Como en torno al 30% de los depósitos está captado fuera de Cataluña y Baleares (origen fundacional), la asamblea tendría que dar cabida a 28 nuevos miembros, con lo que el peso extraterritorial pasaría del actual 5,6% al 15,5%, según los cálculos de fuentes cercanas a la entidad. La consecuencia es que se daría entrada a nuevos representantes de ayuntamientos de las zonas con fuerte negocio (Madrid o Valencia) de signo político no nacionalista, aunque el peso no sería determinante.

Los representantes en las cajas no cambiarán hasta la siguiente renovación, según Crespo. En La Caixa, toca renovar el 50% en 2004. Economía es consciente de que la reforma provocará 'ajustes' aunque 'el efecto general' en las entidades 'será limitado'.

Buen gobierno. La CNMV impondrá qué datos serán obligatorios en el informe

Una de las preocupaciones de las cajas son los datos que tendrán que introducir en el informe de buen gobierno corporativo y en su web, a raíz de las normas sobre transparencia aprobadas en julio pasado.El cajón de sastre legislativo que es la Ley de Acompañamiento también incluye una mención a este aspecto. Será la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la encargada de detallar los datos sobre la entidad que tendrán que difundir las cajas en su informe a partir de 2005, al igual que otras entidades.En la web tendrá que figurar 'información veraz y actualizada', avisó el subsecretario de Estado de Economía, Miguel Crespo, ayer durante unas jornadas. Se refirió asimismo a la posibilidad de sanciones por incumplimiento.Y lanzó otro mensaje a las cajas: el alud de cambios normativos 'se tienen que ver con tranquilidad y confianza'.

Contabilidad. Toda la banca tendrá que seguir la norma internacional en 2005

No habrá diferencias en la contabilidad de los bancos o de las cajas con las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC). José María Roldán, director general de regulación del Banco de España -que seguirá marcando la supervisión contable, como se incluye en la Ley de Acompañamiento- despejó ayer las dudas. En 2005 todo el sistema financiero (bancos, cajas y cooperativas de crédito) tendrán que regirse por las nuevas normas, pese a que el plazo de 2005 sólo contaba en principio para las sociedades cotizadas. De esta forma se evita la distorsión.Las entidades tendrán que empezar a formular sus cuentas según estas normas ya en 2004, para no dejar sin armas comparativas a los inversores.Roldán criticó la dificultad de adaptación cuando aún no se han aprobado las NIC 32 y 39, rechazadas por la banca, que marcan la valoración de activos y pasivos a precios de mercado (fair value).

La maniobra autonómica

El Gobierno quiso justificar ayer que las normas sobre cajas que introducirá vía enmiendas, sin debate parlamentario, 'no impedirán que cada comunidad autónoma elabore su propia norma', afirmó ayer Miguel Crespo, subsecretario de Estado de Economía, en unas jornadas, en un intento de aplacar la anterior amenaza de CiU de recurrir ante el Tribunal Constitucional.El texto permitirá que los Gobiernos autonómicos puedan 'establecer mecanismos de ponderación' más locales, pero siempre respetando el principio de la reforma. Esto deja, en principio, un mínimo margen de maniobra a las autonomías, ya que la norma adquiere rango de regulación básica de obligado cumplimiento. Aunque cabrían matices jurídicos.Las decisiones que tome el nuevo Ejecutivo catalán al respecto planean sobre la incertidumbre de las entidades financieras. Fuentes de las cajas reconocen que todo está condicionado por el cambio de fuerzas políticas en la Generalitat. Fuentes sindicales apuntan que, como consecuencia de ello, hay temor a que se produzca una 'inseguridad jurídica' ante esta reforma y una posterior adaptación autonómica cuyo sentido se desconoce.

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