Mejor un debate sereno
En financiación autonómica, como en el resto de los apartados de la cosa pública, la búsqueda de eficiencia económica debe ser una directriz clave. Y la historia reciente de España ha demostrado que la descentralización progresiva de funciones del Estado puede dar buenos frutos, siempre y cuando se eviten duplicidades innecesarias. Una Agencia Tributaria catalana, andaluza o valenciana puede llevar a cabo la nunca grata labor de recaudación de impuestos de manera más eficaz que una macro-agencia estatal. Pero una cosa es la distribución administrativa de funciones y otra muy distinta cambiar el actual marco de financiación autonómica socavando un principio básico como el de la solidaridad interregional.
Cataluña seguramente tiene motivos para denunciar un déficit fiscal que merma sus posibilidades de desarrollo económico. Y sus líderes políticos harán bien en dar la batalla en Madrid por bajar el listón de aportaciones al Estado y/o captar un mayor volumen de financiación pública para infraestructuras catalanas. Sin embargo, no deberían olvidar que la solidaridad entre regiones tiene como último objetivo ir igualando niveles de renta y desarrollo, de manera que se consiga la máxima eficiencia económica como país. Un proceso que redunda en beneficio de todos, incluidos los catalanes. De la misma manera que la solidaridad alemana ha contribuido a elevar el desarrollo y la renta de España en su conjunto y la de los Quince ayudará a los nuevos socios comunitarios de Europa del Este. No se trata de un ejercicio de voluntarismo humanitario, sino de una apuesta a medio y largo plazo para elevar las posibilidades de desarrollo económico colectivo.
Una negociación de carácter 'bilateral' entre la Administración pública estatal y la Generalitat, con el objetivo último de alcanzar el 'cupo catalán', como al parecer buscaba ERC, seguramente reduciría el déficit fiscal de Cataluña con carácter inmediato. Pero resulta discutible que estos réditos a corto plazo compensen los daños que provocaría al actual modelo de financiación autonómica. Ni para el conjunto de España ni para Cataluña.
El Estado central puede y debe estar siempre abierto a un diálogo sereno con las autonomías que permita reforzar, reformar y mejorar el modelo de financiación. Pero éste debe ser un proceso sosegado y sin estridencias de corte electoralista, que pueden derivar en posiciones maximalistas de uno y otro lado.
La opción de ir repensando el Estatuto de Cataluña para proponer reformas y dejar para más adelante un cambio cualitativo en el modelo de financiación parece razonable. El debate político se verá marcado hasta marzo por la campaña para las elecciones generales y es posible que el Partido Popular caiga en la tentación de utilizar Cataluña como arma arrojadiza contra el PSOE, sean cuales sean las propuestas del nuevo Gobierno tripartito de la Generalitat.
El debate sobre financiación autonómica es demasiado serio y de la suficiente trascendencia como para requerir un ambiente político más sereno que el que se avecina en los próximos meses.