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Soberanía fiscal

PSC y ERC aparcan la soberanía fiscal hasta tener un nuevo estatuto

Socialistas y republicanos cerraron ayer tarde el pacto sobre las necesidades financieras que reclamará la Generalitat de Cataluña al Gobierno central durante la presente legislatura. El hecho más destacado de este acuerdo es que ERC ha renunciado a reclamar la soberanía fiscal (un sistema similar al concierto económico vasco) hasta que el Parlamento catalán elabore una nueva propuesta de estatuto.

'Es en la redacción de este nuevo Estatut donde ERC, CiU, PSC y ICV deben pactar el nuevo sistema de financiación', indicó un portavoz de los republicanos. En ese debate parlamentario, ERC y PSC se han dado libertad para realizar propuestas independientes. 'Nosotros tendremos las manos libres para defender el concierto económico como fórmula financiera del nuevo Estatut', indicó el mismo portavoz.

Mientras tanto, el nuevo Gobierno de la Generalitat se ha comprometido a renegociar el sistema actual de financiación, pactado entre PP y CiU en 2001.

El modelo defiende que los catalanes paguen por renta y reciban por población

El sistema, considerado deficiente por PSC, ERC, ICV e incluso CiU, puede revisarse cada cinco años y los nuevos gobernantes catalanes aprovecharán para proponer una profunda reforma que encaja en grandes líneas con el sistema defendido por el PSC en su programa.

Este modelo de financiación, cuyo autor es el catedrático y negociador del PSC Antoni Castells, propone que 'los ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a equipararse progresivamente con los obtenidos en la aplicación de los sistemas de concierto'.

El sistema defiende que los catalanes paguen por renta y reciban del Estado en función de la población, con algunos factores de corrección. En este sentido, el texto consensuado establece que 'los ingresos disponibles por la Generalitat para la prestación de sus servicios se atendrán a aquello que establece el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y responderán a un criterio de igualdad de ingresos per cápita' que se verán corregidos al alza por tres factores: costes diferenciales, nivel efectivo de necesidades y 'factores demográficos, incluido el factor migratorio'.

Según este acuerdo, 'los ingresos de la Generalitat deben superar como mínimo el 17% del total estatal', indicó el responsable de la negociación por parte de ERC, Josep Huguet.

En cuanto a la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña, el acuerdo establece que la cantidad 'se fijará con tendencia a equipararse con el porcentaje del PIB' que representa Cataluña en España, es decir del orden del 19%. Además también se establece la creación de una comisión mixta presidida por la Generalitat que 'programará la inversión de infraestructuras en Cataluña. Finalmente, el nuevo Gobierno se compromete a hacer públicos anualmente los estudios sobre balanza fiscal de Cataluña.

Objetivo: recaudar el 100% de tributos

PSC y ERC han acordado la creación de una nueva Agencia Tributaria catalana. Según lo pactado, esta agencia será la encargada de recaudar la totalidad de los 'impuestos propios, cedidos y compartidos'. Este anuncio supone de hecho asumir el cobro del 100% de los impuestos, ya que el nuevo sistema de financiación supone la participación de la Generalitat en todos los impuestos del Estado, incluido sociedades.Inicialmente, la Agencia Tributaria Catalana se limitaría a recaudar los impuestos de los catalanes sin asumir nuevas funciones.El acuerdo entre socialistas y republicanos también establece que las negociaciones entre Generalitat y Gobierno se iniciarán de inmediato a través de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat establecida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña 'como órgano bilateral de negociación y aprobación' de las relaciones fiscales entre Cataluña y el Estado.Esta negociación bilateral ha sido uno de los principales escollos del acuerdo entre ambas partes, ya que el PSC pretendía una negociación multilateral.ERC y PSC estiman que el nuevo sistema de financiación que se debe negociar con Madrid supondría hasta 6.000 millones de euros anuales más para Cataluña.

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