Balanza fiscal catalana
En la campaña electoral y en el posterior pacto de Gobierno el tema fiscal ha sido un eje central. Hay acuerdo generalizado en que hay un déficit fiscal medido por la diferencia entre lo que se paga desde Cataluña y lo que se recibe, en que ese déficit es elevado y persistente y en que debe reducirse significativamente. El desacuerdo está en cómo se mide y, por tanto, en su cuantía y su impacto, así como en las vías para superar una situación que se califica de poco equitativa y que es un freno al crecimiento económico catalán.
La raíz del déficit está en la naturaleza progresiva de la fiscalidad y la orientación redistributiva de la actuación pública. La primera hace que las personas con más renta paguen una proporción creciente de sus ingresos y la segunda que se asigne un mayor gasto a las personas de menor renta. Como quiera que la renta per cápita en Cataluña excede la media estatal, el pago por persona supera con creces la media, en tanto que el gasto, especialmente en forma de inversión pública, está por debajo del promedio, con unas infraestructuras y dotación de servicios públicos consideradas insuficientes, y hay una sensación de malestar patente.
En el fondo se cuestionan aspectos de la progresividad y de algunas políticas públicas. En un caso extremo se postularía que habría que pagar menos y que la redistribución debiera ser sólo interna, pero desde el punto de vista práctico la posibilidad de reducir los tipos marginales del IRPF no ha sido objeto de debate y las propuestas se centran en recuperar una mayor cuota de lo pagado, en el control de la recaudación y en una mayor autonomía financiera, lo que supone un cambio respecto a la visión del año 78, en la que se dejaba la impopularidad de la recaudación tributaria al Ministerio de Hacienda.
Con una Agencia Tributaria independiente se espera que baje la parte que se entrega a la Administración central
En cuanto a las políticas públicas, se cuestiona el resultado de las actuaciones regionales basadas en un diferencial positivo de inversión en beneficio de las regiones de menor renta. Tras unas cinco décadas de esa política, el diferencial de PIB per cápita entre las diferentes regiones no se ha reducido, pero la renta disponible por persona está más cercana del que hay en cuanto a la generada. Si la inversión por persona hubiera sido la misma, el stock de capital de las áreas más desarrolladas sería superior al actual y, con él, habría mejorado la competitividad y la calidad de vida. De aquí se deriva una reorientación que apueste más por la eficiencia en la inversión y se priorice la que tiene posibilidades de dar lugar a un efecto multiplicador más alto.
Se reclamará una Agencia Tributaria independiente y gestionada por el Govern. Se espera que tenga un resultado equivalente al concierto, de forma que la parte que se entregue a la Administración central baje y, por tanto, haya más recursos para invertir en Cataluña. El planteamiento es claro si se cree que la solidaridad ha sido excesiva y sólo de una dirección, pero desde el punto de vista práctico requiere tener presentes algunos aspectos prácticos e implicaciones.
Cuando el peso del sector público está en torno al 40% y los gastos fijos ya asignados superan el 80% del Presupuesto, es difícil generar más recursos al tiempo que se reduce la carga fiscal, lo que puede anular la expectativa de reducción de impuestos. Desde un punto de vista operativo, como quiera que el coste unitario de la recaudación tributaria (la parte del total de ingresos necesaria para financiar su recaudación) baja a medida que aumenta al ámbito de actuación, este esquema puede perder eficiencia. La combinación de estas dos circunstancias deja poco margen a la subida de algunos tributos simultánea a la rebaja de otros y arriesga demandas de menor redistribución dentro de la propia Cataluña. Para evitarlo hará falta más claridad, apoyo y unidad de la que parece haber por el momento.