Argentina endurece el control sobre las empresas privatizadas
El organismo tendrá carácter independiente y estará compuesto por miembros del poder político, representantes del Gobierno y asociaciones de usuarios y consumidores, según publica el diario Clarín. Otros integrantes de esta entidad serán los representantes de las provincias donde las empresas gestionan la concesión de los servicios públicos de agua, gas, electricidad, telefonía, correos y aeropuertos.
La creación de esta entidad se enmarca dentro del proyecto de régimen nacional de servicios públicos. El documento, en fase de estudio, recoge en su artículo 35 la 'creación de un organismo de control'. Este epígrafe establece que 'todo servicio público debe quedar comprendido en el marco de competencia de un organismo de control configurado por ley como entidad autárquica del poder ejecutivo nacional'. El documento fija también las normas que deberán cumplir las empresas privatizadas y los compromisos sobre cómo se deben ofrecer los servicios a los usuarios.
El objetivo sería reforzar el control sobre las compañías privatizadas, porque el Gobierno considera que en la última década los organismos sectoriales no han cumplido esta misión. Por ello, el ente sectorial quedará subordinado a una estructura superior.
El proyecto será un marco general para la renegociación de todos los contratos de servicios públicos concesionados. El Ejecutivo no ha cerrado aún un proyecto definitivo, dado que la actitud de Roberto Lavagna, ministro de Economía, es más negociadora que la del responsable de Planificación, Julio de Vido.
Uno de los puntos en discusión es la política tarifaria. Lavagna insiste en autorizar un aumento a cuenta de futuras modificaciones de las tarifas y cumplir así la promesa a las empresas que han invertido en Argentina.
Sin embargo, el criterio que ha sido respaldado prevé avanzar en la revisión de los contratos y flexibilizar lentamente las tarifas. También se recoge una tarifa social para las rentas más bajas.
Las compañías españolas, en espera
Algunas de las principales empresas españolas con intereses en Argentina mantienen la prudencia ante el proyecto que prepara el Gobierno de Kirchner y prefieren no hacer comentarios por el momento. Oficialmente no han recibido ninguna notificación.En varias ocasiones, las compañías españolas han insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo que les permita aumentar las tarifas y hacer frente así al deterioro de la cuenta de resultados. Hace dos meses, el Congreso argentino aprobó conceder al Ejecutivo la potestad para renegociar, hasta diciembre de 2004, los contratos de las empresas privatizadas; y esa autorización dejó la puerta abierta a la subida de las tarifas, congelada desde que se dictó la ley de emergencia económica.Hasta ahora, el Gobierno argentino ha iniciado las negociaciones con las principales compañías eléctricas y las gasísticas para intentar alcanzar acuerdos y ajustes parciales de las tarifas.