Competencia sobre vías

El Gobierno español ha decidido acometer la liberalización del sector ferroviario, aunque sólo en materia de mercancías, a mayor velocidad que los restantes socios europeos. Un ejercicio loable, siempre que la reforma no se quede en un simple brindis al sol. Y, de momento, parece que es así. Es cierto que se ha puesto el andamiaje, pero no lo es menos que la filosofía que se refleja en los borradores del reglamento y de los dos estatutos que han de desarrollar la ley es algo decepcionante.

Uno de los aspectos de las nuevas normas que promete ser polémico es la limitación de acceso a los operadores extranjeros al nuevo negocio de mercancías. Una decisión proteccionista y dirigida a poner trabas a la competencia francesa, cuya legislación impide la entrada de empresas extranjeras. La defensa ante esa nula apertura en el resto de la Unión Europea también subyace en el hecho de que estas nuevas normas suponen un auténtico blindaje para Renfe y de que el órgano que ha de vigilar el proceso hacia la competencia esté formado única y exclusivamente, según el borrador de reglamento, por personas dependientes del Ministerio de Fomento.