El plan de asignación de cuotas de CO2 se presentará en marzo
Javier Rubio, jefe de la oficina de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, establece en el 31 de marzo 'el plazo con el que estamos trabajando' para publicar el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que es el límite que estipula la directiva de comercio de emisiones de efecto invernadero.
Este plan afecta a la capacidad de negociación en el futuro mercado europeo de compraventa de derechos para emitir CO2 de la industrias afectadas por esta norma europea: siderúrgicas, cementeras, vidrieras, cerámicas, papeleras, refinerías y eléctricas. Este mercado debe empezar a funcionar el 1 de enero de 2005, durante los tres primeros años estará en pruebas, para establecerse a partir de 2008 como una herramienta definitiva para facilitar el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
La directiva, publicada el pasado 13 de octubre, 'tardará más' en incorporarse al derecho español, según Rubio, porque 'deberá tener rango de ley'.
Las industrias que operarán en el mercado aportan el 50% de las emisiones en España
A pesar de la proximidad de estos plazos, todas las fuentes consultadas afirman que 'aún no hay un borrador del plan'.
Todas las industrias afectadas, y en especial el sector eléctrico, alertan de riesgos para su competitividad si este plan no se diseña con cuidado. Según la patronal CEOE, el Estado español podría pagar caros sus compromisos con el Protocolo internacional de Kioto, que estiman en el 1% del PIB anual.
A pesar de sus esfuerzos, la industria aludida en la directiva liberaba a la atmósfera un 23,83% más de gases de efecto invernadero en 2001 (año de los últimos datos oficiales) sobre 1990. El protocolo permite a España un aumento máximo del 15% para el periodo 2008-2012. Estas industrias suponen entre el 45% y el 50% del conjunto de emisiones, según reveló Rubio al Consejo Nacional del Clima.
Los agentes sociales que participan en el Consejo Nacional del Clima acusan de falta de transparencia al Ejecutivo, porque aseguran que no les dejan participar en el grupo de trabajo para el plan de asignación que se ha creado en el Ministerio de Economía. Ecologistas y sindicatos aseguran tener sólo 'constancia' de la presencia de la CEOE en estas reuniones, lo que viola el principio de la directiva, que establece que el plan de asignación de derechos debe estar abierto a consulta pública.
El jefe de la oficina de cambio climático desmiente ambos extremos y afirma que en el grupo de trabajo en el Ministerio de Economía 'sólo están presentes los representantes de los distintos ministerios de la Administración general del Estado' a fin de 'coordinar toda la operativa'.
La importancia de tramitar el permiso de emisión
Las instalaciones de los seis sectores afectados por la directiva de comercio de emisiones no podrán funcionar a partir del 1 de enero de 2005 sin un permiso de emisión, que establece un máximo (o techo) para liberar a la atmósfera gases de efecto invernadero en función de sus registros del año anterior.El Gobierno puede decidir fijar estos techos para cada instalación o bien para todas las de una misma empresa de cada sector determinado. En el primer caso, ésta no podría transmitir a su conveniencia el permiso de unas a otras instalaciones.Resolver esta cuestión es vital, porque, según la directiva, el titular del permiso de emisión deberá disponer de derechos (allowances) en cantidad equivalente al techo de liberación de gases que se le ha impuesto en su permiso, expresada en toneladas equivalentes de CO2 emitidas durante un año.De forma excepcional, y sólo para el periodo de pruebas (2005-2007) de este mercado europeo de compraventa de emisiones, el Gobierno puede solicitar a la Comisión eximir a alguna instalación concreta de la obligación de tener su permiso de emisión. Pero los expertos de la consultora CO2 Consult afirman que 'resulta impensable que el mercado se pueda iniciar únicamente con las empresas de algunos países comunitarios'.Otra cuestión es si el Gobierno central se reservará la competencia de emitir estos permisos. Transferirla a las comunidades autónomas parece lo lógico, ya que éstas gestionan las solicitudes de autorización de control integrado de la contaminación (IPPC) para todas las industrias.
Atentos a
31 de diciembre 2003: la Comisión Europea publicará un documento sobre los criterios para elaborar los planes de asignación de los derechos de emisión.Octubre 2004: la Comisión Europea aprobará los planes de asignación de derechos de los Quince.
Guía para el inversor en el mercado de la contaminación
Los términos en los que se moverá el futuro mercado europeo de intercambio de emisiones de C02 dependen de los criterios que siga el Gobierno para definir el plan nacional de asignación de derechos de emisión, que debe seguir las 11 directrices de la norma europea. Javier Rubio señala que 'es crucial que la CE publique un documento interpretativo sobre los criterios para elaborar los planes de asignación'. Hasta entonces, suscitan especial polémica:l El inventariado de emisiones. Las empresas pueden seguir dos métodos para medir sus emisiones gaseosas: un cálculo de aproximación a partir de sus consumos de combustible y de materias primas de proceso (como el clinker para las cementeras) o bien instalar equipos al efecto. Los expertos de CO2 Consult auguran que 'en la práctica van a recurrir al cálculo', porque la industria recurre a instalar aparatos de medición en continuo para los gases contaminantes sobre los que pesa una restricción específica, como el dióxido de azufre o óxido nitroso.l Distribución de los derechos. El Gobierno puede seguir un criterio más o menos restrictivo para asignar los derechos de emisión a cada sector, en función de sus compromisos en el Protocolo de Kioto. Además, puede decidir hacerlo en función del promedio de las emisiones históricas por producto en cada sector de actividad.l Verificación. En Europa sólo 17 verificadores ambientales han solicitado hasta la fecha acreditar la autenticidad de las medidas que ofrecen las empresas, ninguno de ellos español.