Opinión empresarial
Demoscopia realizó para este diario una encuesta a más de 400 empresarios españoles, cuyos resultados fueron publicados hace un par de semanas. Algunas de las cuestiones son de índole coyuntural, pero otras se refieren a aspectos de lo que algunos llaman la infraestructura social.
Consideran los empresarios que encuentran poca comprensión (y poca ayuda) en los políticos. Es probable que con esta conducta los políticos no hagan sino reflejar la escasa valoración que las actividades empresariales encuentran en el sistema de valores imperantes en nuestra sociedad. Se sigue percibiendo que en el centro de la vida económica está el gobierno, acompañado, quizá, por los bancos y por las empresas de los sectores regulados. El empresario con capacidad innovadora (o, simplemente, el dispuesto a asumir algún riesgo) no está reconocido socialmente. Estos valores se anclan en una larga tradición de intervencionismo y mala regulación que no acaba de superarse.
Los empresarios encuestados opinan también que las políticas económicas difieren según cual sea el partido gobernante. Creo que habría que profundizar lo que está detrás de esta percepción. Un observador no partidista encuentra pocas diferencias entre la política económica seguida en la primera parte de la década de los noventa y la de la segunda parte. Ni en el terreno laboral, ni en la fiscalidad de la empresa (sociedades y cotizaciones sociales), ni en el avance en la creación de infraestructuras, ni en la gestión de la demanda pública se observan diferencias significativas. Hay, en cambio, diferencias relevantes en aspectos macroeconómicos: a principios de la pasada década los tipos de interés eran elevados y al final eran bajos. También se encuentran diferencias en la estabilidad cambiaria. Pero ambos factores son la consecuencia del proceso de integración en el euro y no directamente de la política gubernamental. Hay otra diferencia también relevante para el sentimiento de los empresarios: a principio de la década de los noventa hubo una recesión relativamente violenta (1992-93), mientras que desde entonces la economía española ha registrado alguna desaceleración (como la de 2001-2002), pero ninguna recesión. Habría que ver si las indicadas diferencias en el contexto macroeconómico explican, por si mismas, la opinión de que las políticas económicas difieren según cual sea el partido gobernante.
Pero el aspecto más sorprendente de la encuesta que estamos comentando se encuentra en la valoración de los empresarios acerca de quién ayuda y quién entorpece la actividad empresarial. Lo más llamativo de los resultados es la pésima valoración que tiene la justicia. Uno esperaría que los sindicatos obtuvieran una mala calificación, y la obtienen. Siempre queda la discusión de si esa valoración negativa es el reflejo de la confrontación entre los que defienden intereses que a veces resultan contrapuestos, o es, además, la consecuencia de actitudes sindicales poco propicias con la innovación (a uno le gustaría saber qué opinan los empresarios holandeses sobre los sindicatos de su país). Pero lo que sorprende, y debería ser objeto de reflexión, es que la justicia esté valorada tan mal como los propios sindicatos. Es decir, que los empresarios españoles piensen que la Administración de la Justicia es la institución formal (junto a los sindicatos) que más entorpece la actividad empresarial.
Un buen funcionamiento de la justicia reduce los costes de transacciones y permite una apropiada definición de los derechos de propiedad, sin la que los emprendedores no pueden existir. Históricamente, una justicia creíble fue crucial para el desarrollo de la clase empresarial. Habría que investigar de dónde surge la escasa credibilidad en la realidad española actual. Probablemente no será tanto un problema de falta de independencia, como de ineficacia y de sesgos contrarios a los intereses empresariales. De nuevo aquí, el sistema de valores es relevante. Tanto como la necesaria dotación de medios a la Administración de Justicia. En nuestro país, junto a una escasa valoración de los empresarios, existe un imperfecto cumplimiento de las leyes. En una clasificación del Banco Mundial, estamos situados en el puesto 28 en el grado de cumplimiento de las normas. Coincidamos en que la falta de censura social al infractor es un elemento de los valores colectivos que no propicia un buen funcionamiento de la justicia.
Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense
La valoración de la justicia entre los empresarios es tan mala como la de los sindicatos