Andalucía pide más autonomía fiscal para las regiones

La consejera andaluza realizó estas manifestaciones en el transcurso de una jornada sobre La progresividad del sistema fiscal, a debate: El impuesto de sucesiones, organizada por Cinco Días y la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía.

Magdalena Álvarez explicó que la nueva reforma es necesaria no porque los anteriores sistemas hayan sido malos, sino porque hay que adaptarse a las nuevas necesidades y 'no es posible tener autonomía financiera plena mientras no exista la autonomía fiscal, un espacio fiscal propio de cada comunidad'.

En este sentido, recordó que el Estado se ha descentralizado mucho desde el punto de vista de los gastos, pero no así de los ingresos.

Así, la Junta reclama que desaparezca la figura de los impuestos cedidos, como el de sucesiones, que, sin embargo, mantienen la titularidad estatal, lo que en la práctica se convierte en un impuesto compartido, porque aunque los recursos vayan íntegramente a las regiones, éstas no tienen capacidad normativa plena para modificarlos, según sus necesidades.

'Yo no tengo miedo a la competencia fiscal entre territorios, siempre y cuando sea competencia leal', dijo Álvarez, frente a los detractores de dotar de más competencias a las regiones. 'El único camino es que cada vez tengamos más capacidad normativa sobre nuestros rendimientos', añadió.

Y puso como ejemplo lo ocurrido con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Frente a la tesis defendida por el Partido Popular de avanzar en su progresiva eliminación, la Junta de Andalucía ha aprobado la supresión del mismo para las herencias inferiores a 500.000 euros que además cumplan con determinadas condiciones. Cada beneficiario debe heredar un máximo de 125.000 euros, ser pariente directo del finado (hijo, adoptado, cónyuge o ascendiente), residir en Andalucía y disponer de un patrimonio personal inferior a 402.678 euros.

La consejera defendió que con esta medida 'hemos discriminado a favor de los ciudadanos con menor capacidad de renta, hemos intentado introducir más justicia fiscal, tratamos de fortalecer la capacidad de ahorro de las rentas medias y hemos dado un mejor trato fiscal al núcleo familiar directo'.

La reforma planteada por Andalucía rompe, por tanto, la tendencia apuntada desde el Gobierno central, que ya han seguido comunidades autónomas como La Rioja o Cantabria, al decretar la eliminación total del impuesto sobre sucesiones. En opinión de Pablo Gutiérrez Alviz, notario de Sevilla, la historia ha demostrado que este tributo lo acaban pagando los grupos menos favorecidos, no en vano en Alemania se le denomina 'el impuesto de los tontos'. Por ello, se considera partidario de que perdure el impuesto, 'con una tarifa progresiva y sin coeficiente multiplicador'.

Coincide con la teoría de que una reforma es necesaria el director de la oficina de Sevilla de Garrigues, abogados y asesores tributarios, David Moreno, quien aseguró que 'dejarlo como estaba es la peor de las soluciones'. No obstante, Moreno resaltó que las modificaciones que requiere este impuesto debe llevarlas a cabo el Estado.

Por su parte, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla Fernando Pérez-Royo apuntó que suprimir este impuesto sería un disparate y se mostró partidario de su mantenimiento 'desde el punto de vista ideológico'. Sí manifestó, sin embargo, la conveniencia de seguir avanzando en la reducción de los mínimos exentos, pero aseguró que ni siquiera son convenientes las reformas en profundidad de este tributo.

Por último, el secretario general de Hacienda de la Consejería de Economía, Antonio Estepa, incidió en la discusión sobre las diferencias territoriales que puede generar este impuesto, ya que una misma herencia tributará cero euros en Cantabria frente a 12.000 euros en Madrid, pero advirtió que estas distorsiones no deben asustar. 'Existen diversas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la tesis de que puesto que no todas las comunidades autónomas tienen que tener las mismas competencias, no tiene por qué haber iguales derechos y obligaciones'.

Estepa defendió el impuesto como 'figura que potencia la redistribución de la riqueza'.

Sucesiones y donaciones. Los expertos abogan por una profunda reforma

Dificultades en la gestiónÁlvaro Silva, socio de la oficina de Sevilla de Garrigues, abogados y asesores tributarios, cree que las modificaciones introducidas por la Junta de Andalucía deben sufrir algunas modificaciones de carácter técnico para evitar las dificultades que puede conllevar la gestión del tributo. Este tipo de reformas deben aclarar todo los elementos, 'como qué se considera vivienda habitual o cómo medir el patrimonio del causante'. En este sentido, se mostró a favor de que se retoquen las tarifas, aprovechando que la reforma de la Junta aún está en proceso de trámite parlamentario. La sociedad pide más serviciosAntoni Castells, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona y elegido diputado autonómico del PSC en Cataluña, aseguró que el debate no es si los impuestos deben subir o bajar. 'Los mismos impuestos y más servicios es lo que demandan los ciudadanos'. Defendió la progresividad del impuesto sobre sucesiones y la oportunidad del mismo, 'ya que grava el aumento del patrimonio en el momento en que se produce'. Se mostró como claro defensor de su mantenimiento y rechazó los argumentos a favor de su desaparición, sólo porque es un tributo con mucho fraude. A favor de controlar el fraudeAntonio Durán, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, reconoció la limitación con la que ha elaborado la Junta su reforma, ya que la titularidad del impuesto es estatal. Desde la asociación que preside se aboga más por la introducción de un gravamen dentro del IRPF para las adquisiciones hereditarias, aunque asegura que el camino emprendido por Andalucía es razonable. Durán cree imprescindible que la futura ley que regule este impuesto en la comunidad andaluza introduzca mecanismos para evitar la elusión que realizan a veces las grandes fortunas de su pago.

Las quejas

¦bull; La Junta se muestra partidaria de que las regiones amplíen su capacidad normativa sobre los impuestos que gestionan. Se queja de que mientras el Estado se ha descentralizado en los últimos 25 años en los gastos, apenas ha habido modificaciones en los ingresos.