Brasil
La necesidad de un marco de estabilidad jurídica y claridad de reglas para las inversiones españolas en Latinoamérica han vuelto a ser un tema de actualidad con ocasión de la visita de los Reyes a Argentina y la anterior del presidente Aznar a Brasil. Este punto en la agenda de las altas autoridades del Estado es el resultado de reiteradas peticiones formuladas, desde ambos lados del Atlántico, por empresas españolas que invirtieron o tienen intención de hacerlo en Latinoamérica.
La solicitud de las compañías recuerda el papel esencial de nuestras autoridades en la protección y salvaguarda de las posiciones de los intereses españoles en el extranjero. Aunque en materia de estabilidad jurídica la situación de Argentina y Brasil es distinta, visitas de este tipo son un excelente medio para trasmitir las inquietudes de las empresas españolas a las máximas autoridades locales.
Cualquier reforma o modificación en el ordenamiento jurídico de los Estados genera incertidumbre en los inversores, nacionales y extranjeros, y dificulta la necesaria planificación de las inversiones a largo plazo. Esto sucede en Latinoamérica, en Europa, y por tanto también en España. La diferencia radica, sin embargo, en que en Latinoamérica, con la loable excepción de Chile, es por desgracia bastante habitual que cada vez que cambia de signo una Administración, la nueva desconozca casi todo lo acordado o regulado por la anterior, y haga tabla rasa de muchos compromisos asumidos.
La firma de un acuerdo de protección de inversiones ayudará a consolidar la imagen de Brasil en España
En Brasil, el presidente Lula da Silva parece haber cambiado esa costumbre. El principal mérito que se debe reconocer a su todavía joven Administración es haber aceptado el legado de Cardoso tal cual es. Lo que no impide que desde la Administración Lula se promuevan importantes reformas estructurales a escala fiscal, pensiones o marcos normativos aplicables a servicios públicos, pero en la medida en que tales reformas -por otro lado muy necesarias- respeten los compromisos asumidos y no alteren el marco jurídico retroactivamente, se conseguirá reforzar la imagen de estabilidad y respeto por las reglas de juego.
Sin embargo, queda mucho camino por andar. Brasil es un país muy descentralizado. Como Estado federal, el poder de las Administraciones de los Estados y municipios es grande, y no todas ellas han abandonado la perniciosa práctica de desconocer el legado de la anterior administración. Por otro lado, perviven todavía normas que conceden amplísimas facultades a los jueces para paralizar o impedir mediante medidas cautelares la aplicación de normas de general cumplimiento. Eliminar ambos obstáculos no será tarea fácil.
España ha venido protegiendo a sus inversores en el exterior mediante la firma de acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. De hecho, se llegó a rubricar uno de estos acuerdos con Brasil. El Congreso brasileño nunca ratificó el acuerdo. Uno de los últimos gestos de Cardoso antes de traspasar los poderes a Lula fue retirar del trámite en el Congreso la ratificación de similares acuerdos firmados con varios países para facilitar la transición y como un gesto a la postura tradicional del partido de Lula, reiterada durante toda la campaña electoral.
Hasta ahora la ausencia de un acuerdo de protección de inversiones no ha sido obstáculo para que las empresas españolas hayan invertido en Brasil hasta convertir a España en el segundo inversor extranjero en dicho país. Este hecho tiene dos lecturas, una negativa, pues implica que las compañías españolas deberán asumir más cautelas cuando decidan invertir en Brasil, y otra muy positiva, Brasil tiene atractivo suficiente para que las sociedades españolas hayan decidido apostar por él, a pesar de la ausencia de dicho acuerdo.
La firma de un acuerdo de promoción y protección de inversiones ayudaría a consolidar la imagen de Brasil en España en estabilidad jurídica. Puede ser que la Administración Lula así lo entienda. Ambos países acaban de acordar la creación de una comisión dedicada a las inversiones y marco regulatorio, lo cual es una noticia prometedora y, de hecho, las informaciones que llegan de Brasil indican que la nueva Administración empieza a considerar de nuevo la posibilidad de firmar los acuerdos que fueron retirados por el anterior Ejecutivo.