El varapalo del árbitro de Cepsa

El laudo del caso Cepsa supone algo más que la primera victoria de Total sobre el Santander en el pulso que mantienen ambos por el control de la segunda petrolera española. El dictamen del árbitro, el belga Bernard Hanotiau, es demoledor en contra de la norma que ha propiciado la batalla, es decir, la disposición transitoria tercera de la Ley de Transparencia, que fue aprobada el pasado verano.

El texto arbitral advierte que la norma 'ha sido introducida por una enmienda en el último minuto en el Senado', que 'este texto no había sido considerado indispensable en un primer momento para la puesta en práctica de la política perseguida por el legislador', que 'la enmienda ha sido poco debatida', que 'el texto es complicado y está redactado de manera poco satisfactoria' y que 'no existe interpretación oficial de la misma o doctrina autorizada o decisión judicial'. Un conjunto de argumentos realmente devastador, aunque en esencia coincidente con la mayoría de las opiniones que los expertos han vertido a la hora de analizar la norma en cuestión.

El contundente dictamen de Bernard Hanotiau viene a reforzar la reiterada reclamación al Gobierno de que a la mayor brevedad posible clarifique esta polémica norma, que mantiene en vilo a diversas grandes empresas con pactos parasociales en el punto de mira del legislador.

En estos momentos, los responsables del Ministerio de Economía tienen sobre la mesa el reglamento que ha de desarrollar la Ley de Transparencia. æpermil;sta es, sin duda, la ocasión para poner las cosas en su sitio. Es necesaria una norma clara y meridiana, que no dé lugar a equívocos y que sea el resultado de una reflexión nacida de exhaustivas consultas con los expertos del sector. Una nueva improvisación no sería buena para nadie. Ni para las empresas ni para el mercado, que odia la incertidumbre. Un nuevo error sólo lograría dar más carga de trabajo a los tribunales, bien en España, bien en La Haya.