COLUMNA

La información manipulada

La manipulación en la presentación de los datos económicos por parte del Gobierno no es algo excepcional, asegura el autor, que sostiene que se hace con la ocultación de datos o mediante su publicidad interesada o tardía

Anteayer, Cinco Días publicó en portada que el Gobierno español se resiste a someterse a los informes de transparencia fiscal que elabora el Fondo Monetario Internacional (FMI). El asunto es importante, porque, tal como refleja el periódico, los cuatro grandes países de la Unión Europea -Alemania, Reino Unido, Francia e Italia- se someten periódicamente a esos informes, mientras que el Fondo no ha podido todavía elaborar ningún informe sobre España porque el Gobierno no lo ha permitido. En respuesta a lo publicado por Cinco Días, el Gobierno dice que tiene intención de someterse a esos informes, pero, como le dice el propio FMI, estaría bien que pasara de las buenas intenciones a solicitarlos formalmente.

El asunto es de una gran trascendencia porque no se trata de un caso aislado, sino que es un ejemplo más de la manipulación en la presentación de la información económica por parte del Gobierno actual. Que el público no disponga de una información económica adecuada es un inconveniente serio para tomar las decisiones adecuadas en un país desarrollado.

El INE debe pedirle públicamente al Gobierno que abandone su actitud tercermundista

Como recuerda el FMI, el proceso de toma de decisiones funciona mejor y los incentivos se deciden correctamente si el Gobierno (en este caso se refiere a la opacidad de los gastos públicos) hace explícitos los costes de todos los compromisos de gasto en el momento en que son asumidos y así se sujetaría al examen y control del público en general.

Que la información económica no se oculte, que esté disponible y accesible a todos los ciudadanos es muy importante porque hoy las economías no funcionan exclusivamente por las decisiones que toma el Gobierno. El Gobierno no es un piloto que debe tener toda la información para asegurar el aterrizaje y despegue, no importando si los pasajeros están desinformados. Para que una economía desarrollada vuele bien es capital que todos los agentes económicos tengan la misma información que el Gobierno y ello es mucho más necesario en el caso de las decisiones públicas, ya que, al no estar sometidas a cuentas de resultados, competencia, etcétera, la única forma de asegurar que sean correctas es que estén sometidas continuamente al análisis y control por parte de los expertos y de la opinión pública.

A la vista de su opacidad, hay mucha gente que piensa que el Gobierno español manipula la información. Yo no lo creo. Puede haberlo hecho en casos aislados. Ahora mismo, los analistas no encuentran explicación a las cifras de exportaciones del primer semestre y consideran que ha habido algún cambio intencionado en la cocina de esos datos. Pero estos casos, si existen, son afortunadamente excepcionales.

Lo que desgraciadamente no es excepcional es la manipulación en la presentación de la información, que comúnmente se hace a través de la ocultación, de su publicidad tardía, o de su publicación en los momentos que más interesan al Gobierno. En este grupo de manipulaciones se encuentran, por ejemplo, las estadísticas de paro registrado, las de afiliación a la Seguridad Social, o las cifras de comercio exterior, y por eso también el FMI recomienda vivamente al Gobierno en su informe que adopte la práctica -que, por cierto, introdujo el Gobierno socialista para las estadísticas del INE- de aprobar unos calendarios previos en que se establezca cuándo se harán públicos los datos para evitar la manipulación en la presentación de los mismos.

En fin, no deberían ser sólo los periódicos, cuyo servicio es la información y quieren suministrarla correctamente a sus usuarios, ni los organismos internacionales los que presionen al Gobierno español para que acabe con su opacidad. Creo que el INE, como principal responsable de la información económica del país, debería también pedirle públicamente al Gobierno que abandone esta actitud tercermundista en lo que se refiere a la información económica en general y, en particular, a la del gasto público.