Bruselas autoriza subsidios al sector naval hasta marzo de 2004
La Comisión Europea autorizó ayer por fin a España, tras largos meses de negociación entre Bruselas y Madrid, la concesión de ayudas públicas a los astilleros para paliar la presunta competencia desleal de Corea del Sur.
Los astilleros privados españoles podrán beneficiarse de un subsidio hasta del 6% del valor de los contratos de construcción de barcos plataforma para contenedores y buques cisterna para productos químicos y gas.
La única condición exigida por Bruselas es que algún astillero coreano haya realizado una puja más baja por el mismo contrato.
El mecanismo de ayudas se encontraba habilitado para todo el sector naval europeo desde julio de 2002, como medida paralela a la denuncia presentada contra Corea del Sur ante la Organización Mundial de Comercio.
Pero Madrid y Bruselas no habían logrado hasta ahora un acuerdo sobre la aplicación efectiva del mecanismo en España. La Comisión desconfía de un sector que se ha beneficiado de cuantiosas ayudas públicas en los últimos años, algunas de ellas declaradas ilegales por la Unión Europea.
Bruselas quiso evitar desde el principio que la competencia de Corea sirviera de coartada para seguir inyectando capital público en empresas de dudosa viabilidad.
La Comisión Europea no se mostró dispuesta a autorizar nuevas ayudas hasta octubre de 2002, cuando se encontró en condiciones de denunciar a Seúl ante la Organización Mundial de Comercio. A partir de entonces, Bruselas ha ido permitiendo, país por país, ayudas muy localizadas al sector. Hasta junio de este año, por ejemplo, no aceptó que la construcción de gaseros se beneficiase de ningún subsidio público.
Izar puede quedar excluido
Los astilleros públicos que no hayan devuelto aún subsidios considerados ilegales por Bruselas no podrán acogerse al mecanismo de ayuda autorizado ayer por la Comisión Europea, según el compromiso adquirido por el Gobierno español con Bruselas.El acuerdo puede reducir drásticamente el impacto del nuevo mecanismo en España porque los astillero públicos Izar son uno de los principales competidores en algunos de los tipos de barco (sobre todo quimiqueros y gaseros) cuya construcción podrá acogerse a las ayudas.Desde el pasado 26 de junio Izar tiene una cuenta con el Estado de las que Bruselas pide que se salden. El Tribunal de la Unión Europea confirmó ese día la ilegalidad de los créditos fiscales concedidos a los astilleros públicos en 1998. La Sociedad Española de Participaciones Empresariales (SEPI), donde ahora se integra Izar, debe devolver al Estado español 110 millones de euros como consecuencia de la sentencia.Bruselas ha utilizado la negociación del nuevo mecanismo de ayuda para acuciar a España en la recuperación de la ayuda.