Nueve grandes empresas españolas dejarán de pagar asistencia médica a sus trabajadores
La sanidad pública deberá asumir a partir del próximo 1 de enero 250.000 nuevos pacientes, el 75% de ellos en Madrid, una vez que nueve grandes empresas hayan comunicado al Ministerio de Trabajo que dejarán de financiar la atención sanitaria de sus trabajadores a través de colaboradoras médicas.
Según publica hoy el diario El País, entre las empresas implicadas se encuentra Telefónica que ya comunicó esta decisión el pasado 1 de julio. El resto: BBVA, el Banco Santander Central Hispano, Banesto, Banco Urquijo, Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa y Gas Natural solicitaron a Trabajo el cese de su asistencia el pasado 30 de septiembre.
Según han apuntado fuentes sindicales a la agencia efe, estas compañías , "han lanzado un órdago" al Ministerio de Trabajo, ya que desde 1999 no reciben las compensaciones económicas por la asistencia sanitaria que prestan a sus trabajadores a través de colaboradoras médicas y que en conjunto podrían superar los 100 millones de euros. Por su parte, el ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, ha señalado hoy en Valencia que la asistencia sanitaria corresponde a las comunidades autónomas, ya que "es una competencia transferida y por tanto esas empresas, imagino, estarán en fase de negociación con las autonomías".
Necesidad de prórroga para asumir el gasto
Por otro lado, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha señalado que los nuevos 190.000 pacientes (trabajadores de las citadas nueve empresas y sus familiares) que asumirá la región a partir de enero supondrían para las arcas madrileñas un gasto de alrededor de 38 millones de euros adicionales. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Trabajo una prórroga de seis meses, antes de que se liquiden las colaboradoras, para poder dar soluciones a esta situación en la sanidad madrileña.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se han mostrado favorables a esta prórroga, dado que la incorporación "de golpe" de estos miles de trabajadores y sus familias a la sanidad pública sería una "nueva carga, que dispararía las ya abultadas listas de espera". Junto a esta prórroga, los sindicatos reclaman también una solución al fondo del problema, que radica en el impago por parte del Ministerio de Trabajo de las cantidades que desde el año 1999 adelantan las empresas para hacerse cargo de la asistencia sanitaria de sus trabajadores.