Los jueces disputan a la CE su protagonismo

Rosario Silva de Lapuerta (1954) ocupa desde el pasado 7 de octubre el cargo de juez en la máxima instancia judicial de la Unión Europea. Esta licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y antigua abogada del Estado sustituye la vacante 'española' dejada por el hasta ahora presidente del Tribunal, Gil Carlos Rodríguez Iglesias. La jueza Silva conoce la casa. 'Después de 16 años actuando como agente del Reino de España ante este tribunal conozco suficientemente la importantísima labor que ha desarrollado', afirma en declaraciones realizadas por escrito a Cinco Días poco después de tomar posesión.

La prudencia se impone en estos primeros tanteos con el cargo y las respuestas de Silva son medidas y precisas. La jueza considera que el Tratado de Niza, que entró en vigor en febrero de este año, ya ha efectuado 'las grandes reformas para hacer frente tanto al incremento de asuntos y de competencias de esta institución como a la ampliación con los nuevos Estados miembros'.

Niza faculta al tribunal para crear Salas Jurisdiccionales especializadas que aborden 'en primera instancia, algunos tipos de recursos en materias específicas'. La jueza recuerda que las primeras Salas deberán crearse para tratar 'los recursos en materia de función pública y los relativos a propiedad industrial'. Pero Silva parece muy consciente de las enormes posibilidades que abre el nuevo Tratado de Niza y no rechaza su aprovechamiento.

'Estamos listos para hacer frente al incremento de asuntos'

'En un futuro, habrá otras materias que por su especialización requieran la creación de una Sala Jurisdiccional', anuncia Silva. 'Estoy pensando, por ejemplo, en las cuestiones arancelarias o las relativas al derecho de la competencia'.

Una declaración que, sin duda, puede enarcar las cejas tanto de algunos sus colegas en el tribunal como en el departamento del comisario de Competencia, Mario Monti.

Inhibición

La jueza llega a una instancia en la que España, como el resto de países miembros de la UE, es a menudo una de las partes del litigio. 'La nacionalidad del juez no influye para nada a la hora de determinar la composición de la formación del tribunal que debe conocer un asunto', recuerda Silva cuando se le sugiere la posibilidad de inhibirse ante casos españoles.

Este año provocó cierto revuelo que el ponente del caso sobre las acciones de oro del Gobierno español fuese el abogado general, Dámaso Ruiz-Jarabo. En sus conclusiones, que luego no siguió el tribunal, Ruiz-Jarabo defendía la legalidad de la acción de oro española.

Silva subraya que los jueces sólo deben abstenerse de participar en un asunto 'en el que hayan intervenido anteriormente como agente, consejero o abogado una de las partes', circunstancia que en su caso puede producirse, al menos al principio.

Bruselas prefiere el sistema judicial actual

La intervención del Tribunal de la UE en materia de Competencia se limita ahora, normalmente, a la revisión a posteriori de las decisiones de la Comisión Europea. Pero el Tratado de Niza ha abierto la posibilidad de crear una Sala especializada en competencia que podría redoblar los llamamientos a favor de un modelo judicial de la revisión de fusiones como el vigente en Estados Unidos.La creación de esa Sala, sin embargo, tendría importantes repercusiones en la aplicación de la política de competencia, según los especialistas. La Sala se convertiría en la primera instancia judicial y el actual Tribunal de Primera Instancia adquiriría el rango de corte de apelación en materia de fusiones, carteles o multas por posición dominante. La Comisión Europea no ha expresado todavía una posición oficial al respecto. Pero los abogados del sector aseguran que Bruselas prefiere la estructura actual, donde el máximo tribunal tiene la última palabra.