Monti se aferra al modelo europeo de examen de fusiones pese a las críticas

El suelo tiembla bajo los pies del todopoderoso comisario que plantó cara al mismísimo presidente de la multinacional General Electric. Mario Monti, después de sucesivos varapalos judiciales, tiene serias dificultades ahora para imponer su autoridad.

En septiembre, el comisario tuvo que invocar por primera vez la amenaza de una orden ejecutiva para impedir que Francia siguiera adelante con el plan de rescate de Alstom. Poco después, la compañía Schneider reclamaba daños y perjuicios por la decisión de Monti de vetar su fusión con Legrand. Y el Tribunal de Justicia anulaba una de las mayores multas impuestas por Bruselas a un cartel empresarial (en el sector naviero).

Monti prefiere no mirar atrás y su agenda política sigue marcando el 1 de mayo de 2004 como referencia. Ese día, coincidiendo con la llegada de diez nuevos socios a la Unión Europea, debe entrar en vigor su ambiciosa descentralización de la política de competencia. Una reforma que involucrará a los Estados en la aplicación de las normas comunitarias de competencia, facilitando que la CE se centre en las fusiones de gran envergadura y en el combate de los acuerdos ilícitos entre empresas.

Pero el camino hasta ese día sigue minado. En el Tribunal de Luxemburgo continúan pendientes casos potencialmente explosivos, como son el veto a dos operaciones protagonizadas por empresas estadounidenses: MCI/Worldcom y General Electric/Honeywell.

El futuro de la política de Competencia depende también, en gran medida, del recurso presentado por Monti contra la anulación judicial de una de sus prohibiciones (la de la fusión Tetra Laval/Sidel). La sentencia debe aclarar el grado de intervención de los jueces en cuanto al análisis económico de las fusiones, pues se basa en proyecciones de futuro muy difíciles de demostrar fehacientemente ante un tribunal.

'Lo ideal sería adoptar el proceso estadounidense, en el que son las autoridades administrativas las que debe recurrir a los tribunales para parar una fusión', opina Javier Berasategi, abogado especializado en competencia del despacho Stanbrook & Hooper. Pero la Comisión descarta esa posibilidad de cara a la reforma del Reglamento de Fusiones que se espera aprobar el 27 de noviembre. Bruselas sólo acepta un refinamiento de la actual metodología. El tribunal, sin embargo, ya está facultado para una sala especializada en competencia. La agendas de Monti y los jueces se pueden cruzar.

El comisario ha sufrido sucesivos varapalos judiciales

3.000 millones en multas en dos años a carteles

Mario Monti ha anunciado su intención de redoblar el combate contra los carteles empresariales, una práctica ilegal que califica de 'cáncer de la economía'. La amenaza va en serio, a juzgar por las cifras que presenta el comisario de Competencia: en 2001, impuso diez multas por un valor total de 2.000 millones de euros, cantidad superior a todas las sanciones impuestas en la historia de la política comunitaria anticartel. Al año siguiente, otras nueve multas sumaron la cantidad de 1.000 millones de euros. 'Puedo asegurar que la Comisión se esforzará por mantener este ritmo en el futuro', declaraba Monti el pasado viernes.La política antitrust de la Comisión, sin embargo, adolece de falta de agilidad y recursos, según reconocen los propios funcionarios comunitarios. Las investigaciones todavía tardan en resolverse entre dos y tres años (menos que la media de cinco años de hace poco). Las decisiones contra carteles no pocas veces se producen después de que EE UU haya actuado en el mismo terreno.Monti se propone modernizar esta área de su departamento. La disolución de la prestigiosa Unidad de Fusiones después de las sentencias contrarias del tribunal permitirá integrar la experiencia de sus 80 funcionarios, acostumbrados a trabajar con calendarios muy estrictos, entre el resto de unidades. Bruselas prefiere presentar desde ese ángulo positivo una disolución que, en los ámbitos cercanos, se interpretó como un castigo al maximalismo de ciertos funcionarios. Una de sus estrellas, el abogado español Enrique González Díaz, se ha marchado al sector privado sin esperar siquiera a que la reforma concluya.El impacto de los cambios tardará en percibirse. La prueba de fuego llegará si se produce de nuevo una oleada de fusiones similar a la ocurrida entre 1999 y 2001. La Unidad de Fusiones respondió entonces con meticulosa puntualidad a la revisión de grandes operaciones, aunque luego el tribunal ha anulado tres de las decisiones adoptadas entonces. La abolición en 2004 de la obligación de notificar todos los acuerdos empresariales a Bruselas debe liberar recursos humanos para las nuevas tareas.