La jueza desestima la tesis del fiscal en las jubilaciones del SCH
En contra de la tesis del fiscal, que pidió el archivo del caso, Palacios ve indicios de un supuesto delito de administración desleal.
La defensa de los tres imputados, Emilio Botín, presidente del banco, José María Amusátegui, ex copresidente de la entidad y Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado, tiene tres días para elaborar recurso de reforma contra el auto ante la juez.
Los querellantes, por su parte, tendrán un plazo de diez días para formular un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral. Si Palacios rechaza el recurso de la defensa, el caso pasará a la Sala Primera, que tendrá que decidir la apertura o no de juicio.
El abogado de Francisco Franco (ligado al accionista Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto) anunció ayer que en su escrito de acusación pedirá que se juzgue a los tres imputados por un delito de apropiación indebida, además del de administración desleal.
La juez Palacios, en contra del criterio del fiscal, que pidió el archivo de la causa por no encontrar indicios de delito, considera que los tres directivos pueden haber concurrido en un supuesto delito de administración desleal definido en el artículo 295 del Código Penal, tipificado con una pena de cárcel de seis meses a cuatro años.
Los pagos millonarios que Amusátegui y Corcóstegui recibieron en 2001 y 2002 por parte de la entidad 'carecen de cobertura no sólo estatutaria, sino legal', según el escrito de la juez.
En relación a la indemnización de Amusátegui, Palacios afirma que 'en ningún artículo de los barajados se regula que por ser presidente de la entidad o copresidente (...) pueda ser remunerado en cuantía alguna por ninguno de los conceptos a que se refiere el acuerdo de 15 de enero de 1999'.
La juez añade que 'no se alcanza a comprender qué facultades dispone el presidente de la entidad para acometer ese acuerdo privado en nombre del banco a las puertas de una fusión con otro que tendría que soportar conjuntamente el pago de las cantidades fijadas en el contrato'.
Tampoco se entiende, según la juez, 'que el señor Amusátegui actúe, como dice literalmente el acuerdo, en su propio nombre y derecho, como si de un particular ajeno a la sociedad se tratara'.
La juez señala que Corcóstegui es de profesión ingeniero, 'y no consta que desde esta titulación u otra desconocida haya realizado funciones en la entidad fusionada que marquen la línea diferencial entre la relación mercantil que mantenía, con la jurídico-laboral que dice mantener como empleado'.
La titular del juzgado central de instrucción número 3 considera que 'si se quiere regular unos pagos, no resta otra posibilidad que promover la reforma de los estatutos, en lugar de aprovechar la fusión para incluir esas previsiones (...) y querer dar apariencia legal a lo ilícito'.
La juez asegura que las cantidades abonadas, por su importancia, inciden en el patrimonio de la sociedad y podían haber ido a un reparto de dividendos. Palacios considera que ha habido perjuicio a los accionistas, ya que los pagos tendrían cabida si se les hubiera reconocido a éstos 'un dividendo del 4% o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido'.
'El dinero de las indemnizaciones bien podría haber ido al pago de dividendos', afirma el auto
El SCH recurre la decisión de la Audiencia
Los abogados del banco ultimaban ayer el recurso que el SCH presentará ante la juez Teresa Palacios, según aseguran fuentes cercanas a la entidad, para lo que tienen sólo tres días, según se recoge en el propio auto de la juez.El banco insiste en manifestar su 'total discrepancia' con la decisión adoptada por el juzgado, toda vez que 'de las diligencias practicadas ha quedado acreditado que los hechos investigados fueron actuaciones totalmente legales, transparentes, desarrolladas conforme a los usos y modos mercantiles, verificados por los auditores y registrados y detallados en las cuentas anuales, que fueron aprobadas por la junta general de accionistas'.Además, manifiesta que 'las retribuciones objeto de estas diligencias se ajustan, en cuanto a su concepto y órgano que las aprobó y fijó, a los estatutos de la entidad y a las leyes mercantiles, siguiendo la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españolas'. El banco también recuerda en su defensa 'la legalidad de estas actuaciones' que ha sido, por lo demás, 'corroborada por el Ministerio Fiscal', que ha solicitado el sobreseimiento libre y archivo de la causa. El Banco de España y la CNMV también han considerado estos pagos legales, dicen fuentes cercanas al SCH.
CC OO y Adicae piden más transparencia
El Santander Central Hispano (SCH) ha rechazado elaborar un informe anual individualizado con las retribuciones de los altos cargos para que sea aprobado por la junta de accionistas, como solicitaron los representantes sindicales de CC OO y UGT. En una carta remitida a la secretaria general de CCOO en el SCH, Laura Pinyol, el banco explica que la memoria que presenta anualmente ya incluye información individualizada y desglosada de los sueldos y las pensiones de los consejeros, así como las retribuciones de los directores generales.El banco estima además que la inclusión en el orden del día de la junta general de la aprobación de un informe anual en el que se recojan dichas retribuciones 'no se ajustaría al marco normativo español ni a las recomendaciones que sobre buen gobierno se contienen en el Informe Aldama sobre distribución de competencias en esta materia entre la junta general y el consejo de administración'.Según CCOO, la retribución media de un consejero ejecutivo del SCH es de más de 12 millones de euros, 200 veces más que la media de un trabajador de la entidad y el doble que los sueldos de los directivos del BBVA.CC OO, por otra parte, y coincidiendo con la decisión de la juez Teresa Palacios de continuar con la causa penal que se sigue contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui, considera que los tribunales no habrían iniciado actuaciones judiciales si las elevadas retribuciones pagadas por el SCH a Amusátegui y corcóstegui, al anticipar su salida del banco, 'hubieran tenido más transparencia'. Por ello, el sindicato ve 'normal' la decisión de la juez, e insiste en reclamar que sean las juntas de accionistas las que aprueben las retribuciones de los directivos.La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), por su parte, valoró de manera 'positiva' la decisión de ayer de la juez de la Audiencia Nacional.