Audiencia Nacional

Teresa Palacios ve indicios de delito en el caso de las jubilaciones del Santander

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha ordenado que se siga la causa penal contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y los ex altos cargos José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, por las retribuciones millonarias cobradas por estos dos últimos a su salida de la entidad. El motivo de la decisión es que la juez ha apreciado indicios de delito de administración desleal en la actuación de los tres imputados.

En un auto la magistrada pide a las partes que presenten sus escritos de acusaciones en un plazo de diez días para ordenar la apertura de juicio oral y desoye, por tanto, la petición del fiscal, que pidió el cierre del proceso por entender que esos pagos no constituyeron delitos de estafa o apropiación indebida -de los que se les acusa en la querella-, porque contaban con la aprobación de los accionistas. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Palacios señala que de la investigación se infiere "la presunta participación o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal".

Amusátegui cobró 43,75 millones de euros como "bono de jubilación" al dejar la presidencia del banco, en tanto que Corcóstegui percibió 108 millones de euros correspondientes a los derechos acumulados para su jubilación, al abandonar su cargo de consejero delegado.

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Por su parte, la entidad defendió hoy la legalidad de las retribuciones abonadas a Amusátegui y Corcóstegui a su salida del banco y mostró su "discrepancia" con la decisión de la Audiencia de continuar la causa penal contra ambos y contra Emilio Botín, por lo que recurrirá esta actuación, según fuentes cercanas al banco.