UE

La Quince acuerdan simplificar el marco laboral para combatir el empleo sumergido

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han acordado hoy reforzar las medidas preventivas y sancionadoras para hacer frente al empleo sumergido. Para atajar este fenómeno, los Quince han aprobado una resolución en la que instan a los Estados miembros a realizar estudios sobre este problema y a "examinar conjuntamente las características comunes del trabajo no declarado" para la puesta en marcha de una estrategia global, basada en medidas de prevención pero que prevé también la aplicación de sanciones.

Pese a las dificultades que existen para evaluar el verdadero impacto de este fenómeno, los estudios realizados en torno a su amplitud indican que el trabajo irregular representa entre el 7% y el 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE. Esas medidas, añade el texto consensuado por los ministros, deberán respetar la viabilidad de las finanzas públicas y de los sistemas de protección social.

Según lo decidido hoy, los estados miembros deberán crear un ambiente jurídico y administrativo que sea propicio para la declaración de la actividad económica y del empleo, a través de la simplificación de los procedimientos, y de la reducción de los costes y las obligaciones que limitan la creación de empresas.

Asimismo, la resolución propone "reforzar los controles y la aplicación de sanciones apropiadas, especialmente contra aquellos que organicen el trabajo clandestino o que se beneficien del mismo, garantizando al mismo tiempo la protección de las víctimas del trabajo no declarado, a través de una cooperación ente las autoridades competentes".

Fuentes comunitarias explican que las bases de datos que existen en torno a este problema "no son fiables" y, por ello, se insta a los estados miembros a que hagan un mayor esfuerzo para establecer mecanismos que permitan disponer de datos lo más precisos posibles.

La presidencia italiana de turno de la UE ha sido la promotora de esta resolución en la que se recuerda que una de las orientaciones o directrices generales que, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa, deben seguir los estados miembros en sus respectivas políticas de empleo en 2003, se refiere a la lucha contra el trabajo ilegal.