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Columna
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La década Rajoy

Javier Arenas Bocanegra y Jaime Mayor Oreja dormitaban anteayer tarde como unos benditos sentados como corresponde a su rango en la primera fila de la conferencia ofrecida por el candidato y secretario general del PP en la fundación FAES. Las palabras de su líder debían sonarles a una música conocida, una de esas nanas con las que se adormece a los pequeños mientras se les libera de miedos y angustias infantiles. Ya se sabe además que los niños exigen siempre que se respete la primera versión que oyeron de los cuentos preferidos y reaccionan airados cuando los mayores introducen cualquier cambio en el guión, bien sea por malevolencia o por desmemoria. Por eso, Arenas y Mayor, instalados en esa buena conciencia que tanto ayuda a conciliar el sueño, vivían los momentos de placidez en manos de Morfeo que pudimos observar por los receptores de televisión, mientras el líder Rajoy en pie desgranaba su plan de viabilidad para sanear el ente público RTVE en diez años.

Sucede que la Comisión Europea acaba de reclamar al Gobierno de España la reforma del mecanismo de garantía financiera que presta a RTVE, al considerar que el actual vulnera la normativa europea sobre ayudas de Estado. Según la Comisión el actual aval público ilimitado bajo el que prospera sin cesar por encima del billón de pesetas la deuda del ente supera los costes netos de la prestación del servicio público que dice cumplir. A recordar aquí el pintoresco informe presentado en la Comisión de Control del Congreso de los Diputados por el director general, en el que todo el discutible hacer de RTVE aparecía cubierto por el manto del servicio público. La memoria puede incluir también cómo hablaban los del PP en sus programas electorales de 1996 y de 2000 sobre esta cuestión de RTVE.

En 1996 comparecían los populares presos de la santa ira contra la situación que heredarían tras los comicios. A lo largo de tres encendidas páginas todo eran críticas acerbas a la manipulación socialista y promesas de acabar con el despilfarro y de garantías al pluralismo. Propugnaban que RTVE sirviera en adelante de vehículo de información y formación de la opinión pública y de auxiliar a la participación política, en el marco plural de una democracia libre, para lo cual debería rectificar su actividad, sujetándola a los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. Iban a diseñar un modelo viable de RTVE sobre la base de la reforma del Estatuto de 1980, la redacción del tamaño, la garantía de sus necesidades financieras, la creación por ley de una Comisión Nacional de Radio y Televisión y la adopción de medidas legales que permitieran la privatización de las televisiones autonómicas.

El candidato del PP empieza por considerarse ajeno a la génesis del problema de RTVE tras años de responsabilidad en el Gobierno

En 2000 ya llovía menos y la experiencia del engolfamiento al arrullo de la propaganda y el sectarismo propio había sido tan satisfactoria que a la hora de redactar el nuevo programa habían desaparecido todas las anteriores promesas por completo incumplidas, y a lo largo de 215 páginas sólo dedicaban un párrafo huérfano para manifestarse a favor de un etéreo Comité de Medios Audiovisuales, de carácter independiente, que tendría la finalidad de salvaguardar el cumplimiento de la normativa sobre contenidos audiovisuales y contribuir a la protección de los menores, en línea con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución.

Así que después de ocho años de explotación triunfal del éxito propagandístico, de cabalgar el deterioro progresivo hacia la basura de los contenidos y de promover la multiplicación exponencial de la deuda del ente, el candidato Rajoy amanece con la propuesta, para el caso de que ganara las elecciones de 2004, de un pacto político contra la telebasura como si los telediarios no fueran lo mismo y reclama diez años para sanear el agujero del ente que compite de forma tan desigual con las cadenas privadas. El candidato Rajoy empieza por considerarse ajeno a la génesis del problema después de ocho años de responsabilidad en el Gobierno, señala causas exógenas y se remite a pactos con fuerzas sociales y políticas a las que se culpabilizará de que no estén ya en vigor las soluciones.

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