Los empresarios avisan del fraude en las bajas de los autónomos
El Círculo de Empresarios denunció ayer el elevado fraude que suponen las prestaciones por incapacidad laboral temporal y alertó de que la recién aprobada equiparación de los trabajadores autónomos con el régimen general, aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministros, aumentará estas prácticas fraudulentas.
'Que los autónomos tengan una protección similar a la del resto de los trabajadores no es discutible, pero el problema va a ser controlar el fraude', señaló Fernando Eguidazu, presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios, que sostuvo que era más difícil detectarlo cuando no hay un empleador.
Eguidazu hizo esa reflexión como parte del análisis de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, que el Círculo evaluó positivamente por 'la ausencia de tintes electoralistas' y 'el mantenimiento de una política de equilibrio presupuestario y de contención del gasto público y la presión fiscal'.
No obstante, el Círculo critica las prestaciones por incapacidad temporal, que se dotan con 5.312 millones de euros, una cifra un 14,9% superior a la del año anterior y que 'va a crecer más con la incorporación de los autónomos'. La respuesta de la Federación de Autónomos (ATA) no se hizo esperar, y el coordinador general, Lorenzo Amor, calificó de 'irresponsables' las advertencias del Círculo, informa Efe.
En cuanto al resto del gasto social, el Círculo criticó los 16.916 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo y la prestación a los parados. Además, se mostró contrario a las ayudas fiscales a a la vivienda, que 'son muy costosas y fomentan la demanda de viviendas en propiedad y discriminan en contra del arrendamiento'.
Eguidazu criticó a su vez el aumento del gasto de personal y reiteró la petición del Círculo de que se privatice RTVE, 'porque una televisión pública sólo tiene sentido en un sistema de monopolio'.
En cuanto al crecimiento, el Círculo ve viable la previsión de crecimiento del 3%, mientras que prevé un deflactor del PIB superior al 2,9% presupuestado.