Terremoto por la Ley de Transparencia
Total se ha adelantado al SCH en la comunicación de sus pactos parasociales sobre Cepsa incurriendo en una paradoja. Los acuerdos están llenos de cláusulas de confidencialidad, así que o bien Total los está incumpliendo o bien está admitiendo tácitamente que -al menos en parte- han perdido su eficacia al ser anulados por la Ley de Transparencia. Lo malo es que ese es precisamente un argumento casi idéntico al utilizado por el Santander Central Hispano para sentirse libre de lanzar una opa sobre el 16% del capital, como hizo el pasado 26 de septiembre.
La verdad es que en lo que se refiere a la obligación de publicar los pactos caben pocas dudas. Como explicó este diario el pasado 29 de septiembre, la nueva norma faculta a la CNMV, en los casos en que se presenta una opa, a exigir 'la comunicación, depósito y publicación de los pactos parasociales (...) con carácter inmediato'. Es una excepción al plazo general de tres años que se da al conjunto de las empresas para publicar sus pactos.
Eso en realidad afectaría a cualquier convenio entre el Santander y Total, pero también, en caso de existir, a los pactos con la compañía Ipic (de Abu Dabi, que controla el 9,5% del capital) o con Unión Fenosa (que tiene un 5% de forma indirecta). El SCH, sin embargo, sostiene que esos otros teóricos pactos de voto conjunto simplemente no existen.
Más debate jurídico suscitará la cuestión de en qué medida han perdido su valor el conjunto de los pactos entre la petrolera francesa y el pacto español. El SCH sostiene que son ineficaces y Total cree que esa es una interpretación precipitada de la nueva norma, que entró en vigor en julio y ha dejado en el aire la validez de numerosos pactos.