Ingenuidad de la Constitución
Como el significado de las palabras está sometido a los valores dominantes y los de listeza, oportunismo y éxito son hoy día objeto de tanta veneración, conviene aclarar que calificar a nuestra Constitución de ingenua, como hiciera hace unos días Gregorio Peces-Barba, no significa seguir la moda imperante acusándola de simple o irrealizable sino que, muy al contrario, recuperando la acepción más noble de la palabra ingenua, es considerarla obra de personas que actuaron confiadamente y sin reservas, basándose en la buena fe de todos, sin recelar de que pudiera interpretarse torcidamente cuanto habían redactado en nombre de un pueblo español que, ahora va a hacer 25 años, suscribió los ideales constitucionales por abrumadora mayoría.
Interpretación torcida es, por ejemplo, considerar digno de elogio que unos pocos ganen ingentes sumas de dinero con la construcción, a costa de una población a la que el artículo 47 confiere el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para lo que los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Parecido sarcasmo encontrarán quienes están en paro, engrosan las cifras récord del trabajo precario o subempleados en relación con su capacidad y lean que el artículo 35 define el deber de trabajar, el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Si son mujeres, también se sentirán defraudadas si reparan en que ese mismo artículo manda que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, y no digamos lo que pueden sentir las que, habiendo tenido que abandonar su empleo por falta de guarderías o servicios sociales, lean que el artículo 39 dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Otras burlas a la Constitución podrá apreciar quien, recordando la gestión del Prestige, lea en el artículo 45 la obligación de los poderes públicos por defender y restaurar el medio ambiente o quienes, conociendo la devaluación sufrida por la investigación, lean que el artículo 44.2 fija la obligación que tienen los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Pueden encontrarse muchas otras interpretaciones torcidas, algunas tan peligrosas como apoyar una guerra, cuando la Constitución ordena fortalecer unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra, o como desenterrar nacionalismos centrales o periféricos cuando la Constitución, ya en su preámbulo, fija como objetivos básicos la convivencia y la solidaridad de los pueblos de España.
Quien pueda pensar que la Constitución es vulnerable por su ingenuidad que se pregunte si no es precisamente esa cualidad la que hace invencible a don Quijote.