La Ley Patriótica y el 'gran hermano'
Jetblue es una historia de éxito. Nacida hace tres años, quizá los peores para su sector, esta aerolínea regional de precios baratos y especial atención al cliente ha crecido como empresa y como referente de gestión cuando sus competidores acudían a la suspensión de pagos o necesitaban de la ayuda estatal para no hacerlo. Pero en los últimos días la aerolínea está en los titulares de los periódicos por las denuncias que está recibiendo de clientes cuyos datos han sido entregados sin autorización a una compañía contratada por el departamento de Defensa, Torch Concepts, que desarrolla un programa para mejorar la seguridad en bases militares.
Torch cruzaba los datos proporcionados por Jetblue (itinerarios, números de teléfono, direcciones...) con los de otra empresa para conseguir los números de seguridad social, datos de ingresos, familia o matrículas del coche de algunos pasajeros. El Ejército asegura que la aerolínea entregó esos datos para comprobar si la tecnología permitía predecir quién podría lanzar un ataque terrorista a instalaciones militares.
Jetblue se ha disculpado por la intromisión, que está además en contra de su política, y dice que Torch ha destruido toda la información. Pero las demandas no dejan de llegar y cunde la sensación de desprotección.
Este episodio coincide en el tiempo con las noticias de que se va a asignar un código-color a cada pasajero dependiendo de la amenaza que represente, la disputa que las autoridades tienen con las de la UE por requerirse en este país más datos de viajeros y algunas actuaciones del superministerio del Interior como la apertura de maletas facturadas (incluso forzándolas) sin presencia del dueño.
Pero es que, desde los ataques del 11-S, EE UU se ha dotado, gracias a la Ley Patriótica (Patriot Act), de una mayor autoridad de vigilancia y seguimiento que ahora a los ciudadanos les parece excesiva por la presencia del Estado como inquietante gran hermano mientras que a su principal defensor, el fiscal general, John Ashcroft, se le antoja insuficiente.
Ashcroft ha hecho algo atípico. Ha estado de gira por varios Estados defendiendo, ante audiencias favorables y con los manifestantes alejados, no sólo el Patriot Act, que considera que está siendo mal interpretado por sus detractores, sino su refuerzo. Y es que en el Congreso y entre los republicanos hay críticas. Se anulan algunas provisiones por violar libertades civiles (secreto de las investigaciones y registros) y recientemente se ha pedido el fin de la agencia que desde el Pentágono recoge y analiza datos de presuntos terroristas y que estaba dirigida hasta hace un mes por John Poindexter (relevante figura del escándalo Irán-Contra).
Pero desde la Casa Blanca se empieza a hablar del Patriot Act II, y es el presidente, George Bush, quien aboga por ello. Bush quiere que se amplíe 'la citación administrativa' para conseguir documentos o forzar testimonios sin mandamiento judicial, lo que permitirá que el Gobierno tenga más acceso a más datos privados sin garantías judiciales y se pueda enviar a la cárcel a quien no cumpla. Esta ley también aumentaría las posibilidades de aplicar la pena de muerte y endurece las posibilidades de salir de prisión bajo fianza. Las intenciones han levantado graves críticas y es posible que un debilitado ante las encuestas Bush se lo piense. El episodio de Jetblue da la medida del enfado ciudadano.