El pacto de accionistas otorgaba veto al aumento de participación
El pacto de accionistas que regía las relaciones entre el Santander y Total en Cepsa suponía en la práctica un bloqueo a la gestión de la compañía y, especialmente, a los movimientos en su capital. Ese pacto, que ha quedado sin efecto tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia a mediados del pasado mes de julio, concedía derecho de veto mutuo sobre la compra de acciones de Cepsa, entre otras medidas restrictivas.
La instrumentación actual de los pactos parasociales entre el SCH y Total sobre Cepsa procede básicamente de 1995. Los protagonistas del acuerdo fueron Elf Aquitaine y el Banco Central Hispano, pero ambos fueron absorbidos como consecuencia de sendas fusiones, relevándoles en sus papeles el SCH y Total.
Fuentes conocedoras del contenido del pacto secreto entre el banco y la petrolera han indicado a este diario sus aspectos principales:
Nombramientos. El SCH y Total se atribuyen el derecho de nombrar un determinado número de consejeros y de miembros de la comisión ejecutiva de Cepsa.
Consenso. El banco y la petrolera fijan que determinados acuerdos sobre cuestiones de carácter estratégico o de singular importancia en la gestión de Cepsa deberán adoptarse por consenso entre las partes.
Derechos preferentes. Ambas partes se reconocieron derechos de adquisición preferente recíprocos sobre sus participaciones directas en la sociedad afectada y sobre su participación en el capital de la sociedad instrumental conjunta Somaen Dos.
Veto. Los firmantes del acuerdo tendrán sendos derechos de veto sobre cualquier proyecto de adquisición de acciones de la sociedad objeto del acuerdo efectuada por la otra parte.
Consentimiento. El banco y la petrolera se reconocen la necesidad de consentimiento mutuo para la venta de sus participaciones en Cepsa.