PSOE y CiU abogan por que las regiones sean más autónomas en las políticas de empleo
Los socialistas y los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) han presentado varias enmiendas a la Ley de Empleo que se tramita en el Congreso demandando que las comunidades autónomas tengan más poder a la hora de diseñar e incluso legislar en materia de políticas activas de empleo, que ya han sido transferidas a las regiones.
Ambos grupos coinciden en la necesidad de aumentar la capacidad de 'autogobierno' de las comunidades para adecuar la política de empleo a sus particulares circunstancias económicas y de mercado laboral y a las especificidades de sus desempleados.
CiU concreta su demanda al reclamar para los Gobiernos autonómicos la capacidad de legislar sobre las competencias ya asumidas en materia de empleo. Y añade que pretende evitar así 'cualquier tentación centralizadora' y los 'riesgos' de conflicto competencial que se pueden producir con el proyecto de Ley de Empleo actual.
En otra de las enmiendas del PSOE se sugiere que las comunidades y el Gobierno central hagan acuerdos para coordinar mejor la gestión de las políticas activas (que hacen las regiones) y el reconocimiento y pago de las prestaciones (que lleva a cabo el Estado). No obstante, el portavoz de Empleo de los socialistas en el Congreso, Ramón Jáuregui, precisó que con esta propuesta no pretende que sean las comunidades las que pasen a hacerse cargo del reconocimiento de dichas prestaciones, aunque sí puso el ejemplo de las sanciones a los parados que no muestren interés por encontrar un empleo. En ese caso la sanción llega actualmente de la Administración central, cuando es la Administración autonómica la que hace el seguimiento del parado. Sería para estas ocasiones para las que el PSOE propone los acuerdos citados.
Los socialistas pretenden que la Ley de Empleo obligue al Estado a aumentar el grado de intermediación laboral de los organismos públicos 'del 5% al 20%' e incrementar la plantilla del Inem de forma que pase a haber un funcionario por cada 200 parados en lugar de los 400 actuales.