El PP endurece los controles sobre las ayudas públicas
Las empresas que obstruyan las actuaciones de comprobación y control de las ayudas públicas que hayan recibido incurrirán en infracción y estarán obligadas a su reintegro, sin perjuicio de las sanciones que en su caso les correspondan, según una enmienda introducida por el PP al proyecto de Ley de Subvenciones.
El proyecto que esta semana será sometido al pleno del Congreso endurece algunas de las obligaciones iniciales previstas para las empresas o entidades que reciban subvenciones públicas, a las que apenas se dejan resquicios para obstaculizar las tareas de control de estas ayudas que deben ejercer las distintas Administraciones.
Entre las causas que obligan al reintegro de las subvenciones la norma cita el falseamiento de las condiciones requeridas para obtenerlas y el incumplimiento total o parcial del objetivo para el que se solicitan. Ahora el PP ha considerado oportuno tipificar de forma más explícita las infracciones por lo que cuando entre en vigor la ley se considerará sancionable la resistencia, excusa, obstrucción o negativa por parte de los receptores de ayudas a las actuaciones de comprobación de control financiero de la gestión de éstas últimas. El ponente de esta norma por el PP, Jordi de Juan, considera que esta iniciativa coincide con las novedades introducidas en la Ley General Tributaria respecto a las infracciones en las que incurre el contribuyente cuando oponga resistencia, negativa u obstrucción a la acción inspectora de Hacienda.
Las sanciones recogidas en la nueva Ley de Subvenciones, supervisada desde la Secretaría de Estado que dirige Ricardo Martínez Rico, abarcan desde las previstas para las infracciones leves, entre 75 y 6.000 euros, hasta las que se derivan de las faltas graves, que motivarán multas de hasta el triple del dinero recibido y la prohibición de recibir nuevas ayudas y de contratar con las Administraciones por cinco años. Las subvenciones que dependen de la Administración central suman cerca de 50.000 millones en 2003, cantidad a la que hay que sumar las que otorgan comunidades y ayuntamientos.
Pulso de Hacienda con el País Vasco
Hacienda y el PNV todavía no han superado el contencioso derivado de la aplicación de la Ley de Subvenciones de acuerdo con el Concierto vasco en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.El PP insiste en que las disposiciones de la ley, de acuerdo con la Constitución y el estatuto de autonomía, se apliquen en estos territorios sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local.'La ley no invade competencias autonómicas. Es escrupulosamente respetuosa con el esquema constitucional y los conceptos que se clasifican como normas básicas están avalados por el Consejo de Estado', mantiene Jordi de Juan.
Más juego para los tribunales de cuentas
El PP ha decidido también, mediante otra enmienda, dar más juego a los tribunales de cuentas autonómicos, de forma que puedan controlar directamente la gestión de las subvenciones en cada territorio. En otra iniciativa, se reconoce la capacidad de autoorganización de las comunidades para decidir la composición de los órganos que evalúan las correspondientes solicitudes de ayuda.Una de las modalidades que prevé la ley es que la gestión de las subvenciones pueda depender de entidades colaboradoras. El Estado podrá actuar también como tal en las ayudas que dependen de los ayuntamientos y autonomías.