El Gobierno tendrá control de las empresas privatizadas
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos servirá una vez más para entrar en temas colaterales a los gastos e ingresos anuales del Estado. El Ejecutivo modificará a través de esa ley la acción de oro que ha ido introduciendo en diversas empresas, pero sin renunciar al control de las estratégicas. Y el modelo que se elegirá es el belga.
El Gobierno modificará la acción de oro que mantiene sobre varias empresas españolas privatizadas con el objeto de adaptarla a los requerimientos de la Unión Europea, según manifestó ayer el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. Estos cambios se producirán de acuerdo con la sentencia del pasado mayo del Tribunal de Luxemburgo, que se opuso a ese blindaje por considerarlo contrario a libre circulación de capitales.
El cambio en las características de la acción de oro se introducirán en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004. Pese a esta revisión, que supone adaptar la acción de oro a un modelo que sea admitido por las autoridades comunitarias, el Estado español no va a renunciar a cierta capacidad de control sobre determinadas empresas que considere estratégicas.
Según De Guindos, estas compañías son las relacionadas con los servicios públicos. El Gobierno introdujo la acción de oro en Repsol YPF, Telefónica, Endesa, la antigua Argentaria, Tabacalera (hoy Altadis) y el negocio militar de Indra.
La revisión de este estatus, por la que se adoptará el modelo belga, que no ha sido cuestionado por las autoridades comunitarias, no supone, según De Guindos, que el Gobierno haga dejación de seguimiento sobre las operaciones más importantes de determinadas compañías.
Modelo belga
En este contexto se seguirá el citado sistema belga, en el que la posible capacidad de veto sobre determinados compradores no se ejercerá a priori, como hasta ahora en España, sino que se podrá adoptar con posterioridad. Este modelo da a las compañías que protagonicen las adquisición más capacidad de defensa en caso de ser vetadas.
El Tribunal de Luxemburgo dictaminó que la acción de oro, tal como está legislada en determinados países a empresas privatizadas, restringe la libre circulación de capitales. El citada tribunal condenó básicamente el sistema adoptado por los Gobiernos de España, Francia y Gran Bretaña.