COLUMNA

A la greña, a pesar de los pactos

Antonio Gutiérrez Vegara mantiene que el rifirrafe político reinante ni siquiera se da un respiro ante los acuerdos entre Gobierno y oposición. Esto se manifiesta, para el autor, en la nueva reforma de la Ley de Extranjería

Un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición, aunque sea parcial, es en principio un alivio, más apreciable si cabe cuando la bronca ha llegado a dominar la escena política hasta oscurecerla para gran parte de la ciudadanía. La crispación suele desplazar al debate cabal entre las distintas posiciones y propuestas. Una relación causa-efecto que a veces incluso se busca intencionadamente, recurriendo a la política de adjetivos para eludir la discusión sobre lo sustantivo, ya lo hagan los Gobiernos para eludir cualquier evaluación objetiva de los resultados de sus políticas con descalificaciones de la oposición o ésta para encubrir la endeblez de sus alternativas exagerando sus críticas a la acción del Gobierno.

En esta legislatura, lamentablemente, se ha ido abusando del artificio a medida que aumentaban en importancia los retos que debía afrontar nuestro país, desde la modernización de la justicia a la marcha de la economía, el empleo, la vivienda o el gasto social, pasando por la política exterior de España ante las consecuencias de la guerra de Irak o el futuro de la Unión Europea. Intercambiando diatribas se ha dinamitado el debate de las ideas y se ha profundizado en los desacuerdos.

Pero lo asombroso es que ni siquiera los acuerdos den un respiro en el rifirrafe reinante. Es lo que ha ocurrido recientemente con ocasión del acuerdo parcial entre el PSOE y el Gobierno para introducir algunas enmiendas en la Ley de Extranjería. A la valoración de lo firmado, tal vez excesiva, hecha por un representante del primer partido de la oposición, le respondió el flamante portavoz del Gobierno con una andanada de improperios. Y de la trifulca entre los propios firmantes sólo se ha derivado la confusión generalizada sobre lo acordado.

Hay que cruzar los dedos para que las polvaredas partidistas que atoran la política no hagan encallar también el acuerdo pergeñado sobre el Pacto de Toledo

De poco le valió a la representante socialista en las negociaciones, Consuelo Rumí, valorar el acuerdo con el Gobierno por su contribución a serenar el debate sobre un asunto de tanta envergadura como el de la inmigración, aún reconociendo que no era global ni un pacto de Estado.

Al margen del contenido de las enmiendas consensuadas, también le han llovido las críticas a la dirección socialista, desde sus propios entornos políticos, por el hecho mismo de haber pactado con el PP en vísperas electorales.

Otras aportaciones más sustantivas que por diferentes motivos han llevado a organizaciones sociales y a algunos Gobiernos autonómicos a expresar su insatisfacción con el acuerdo tampoco se han podido calibrar debidamente en este clima de acusaciones cruzadas.

Si la tensión partidista hubiese dejado un mínimo margen para la responsabilidad política, habría sido de agradecer que los dos principales partidos del país hubiesen sentado las bases de un gran acuerdo, no sólo parcial, haya o no elecciones a la vista, para impulsar un verdadero pacto de Estado, porque la creciente afluencia de inmigrantes ya no resiste un parche sobre la tercera reforma de la ley en tres años y porque la complejidad del tema requiere del máximo consenso y la implicación de todas las Administraciones del Estado, central y autonómicas, y de las organizaciones sociales y empresariales.

Tienen razón los sindicatos cuando aducen que la veintena de enmiendas pactadas han orillado todo lo concerniente a los derechos socio-laborales de los inmigrantes, que la irregularidad de sus trabajos no se paliará con el nuevo visado por tres meses para encontrar un empleo, que se mejoran algo las condiciones de los centros de internamiento pero se endurecen injustamente los requisitos para el reagrupamiento familiar, que la derivación de responsabilidades hacia las compañías de transporte de viajeros para el control de los flujos puede dar pie a nuevas triquiñuelas de las mafias y en que el modelo actual para establecer los contingentes anuales es incapaz de cuadrar la oferta con la demanda de mano de obra inmigrante y que seguirá siendo el caldo de cultivo para mantener y alimentar un considerable ejército de reserva de irregulares a emplear en condiciones infrahumanas.

De igual manera habría que considerar mayores competencias de las comunidades autónomas, puesto que negarles la posibilidad de abrir oficinas públicas de contratación en los países de origen está dando lugar a que las monten directamente determinadas empresas o algunas agrupaciones sectoriales de empresarios o que los contingentes confeccionados en cada región de acuerdo con sus necesidades y con mayor conocimiento de sus respectivas realidades que el Ministerio del Interior puedan ser finalmente reajustadas (desajustadas) por éste.

Pero por desgracia no es este el único botón de esta muestra de polvaredas partidistas que atoran la política nacional. Ha hecho encallar el Pacto por la Justicia y deberemos cruzar los dedos para que no embarranque también el pergeñado el martes pasado en la Comisión del Pacto de Toledo para una ulterior negociación sobre el sistema de pensiones.