El Estado reforzará con 5.000 funcionarios el servicio del paro
El Ministerio de Trabajo tiene previsto contratar a 5.000 empleados públicos hasta el año 2006 para aumentar la plantilla del nuevo Sistema Nacional de Empleo. Este organismo es el que agrupa al recién creado Servicio Público de Empleo Estatal (que sustituye al antiguo Inem) y a los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas.
Según fuentes sindicales el Gobierno se comprometió en las negociaciones de la nueva Ley de Empleo, donde se define este nuevo sistema de intermediación, a contratar en 2003 entre 1.500 y 1.800 nuevos trabajadores. Hasta junio, Trabajo ha contratado 490 empleados y fuentes de este departamento aseguran que ya está en marcha la contratación de otros quinientos funcionarios para la segunda mitad del año y otros medio millar para el primer semestre de 2004. Además, estas mismas fuentes indicaron que no existe compromiso de completar dicha contratación en el presente ejercicio, en contra de lo que aseguran las fuentes sindicales.
Mejora de gestión
En el presupuesto de 2003 aparece una dotación de 52 millones de euros para la contratación de personal y otros 42 millones de euros para mejorar la gestión de la tramitación y el pago de las prestaciones por desempleo.
Este aumento de la plantilla del antiguo Inem -que en la actualidad cuenta con unos 9.000 trabajadores- obedece a la entrada en vigor de la nueva Ley de Empleo, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de julio y cuyo texto inicia hoy su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados.
Dicha tramitación se inicia con el debate a la totalidad, en el que sólo el PNV y el Grupo Mixto (Esquerra Republicana, Eusko Alkartasuna y Bloque Nacionalista Galego) pedirán hoy la devolución de la Ley al Gobierno. Por su parte, el PSOE y CiU presentarán el viernes en el registro del Congreso sendos paquetes de enmiendas parciales a la ley que se discutirán a partir de la próxima semana. Entre las demandas de los catalanes está que las empresas de trabajo temporal (ETT) sean también intermediarias, al igual que los servicios públicos de empleo.
Sin embargo, no parece que esta enmienda pueda salir adelante ya que la ley elaborada por los populares deja claro que los Servicios Públicos de Empleo 'asumen la dimensión pública de la intermediación laboral' y 'garantizarán que el proceso específico de selección y casación entre oferta de trabajo y demanda de empleo corresponde, con carácter general, al servicio público de empleo y a las agencias de colocación debidamente autorizadas'.
Además de estas garantías, en la práctica, los cambios de la ley no se dejarán sentir prácticamente entre los usuarios, salvo en una supuesta mejor eficacia de los servicios, ya que las modificaciones afectan únicamente a las fórmulas de gestión interna de los servicios de intermediación y fomento del empleo.
Si bien se establece como novedad la compatibilidad de los sistemas informáticos de todos los Servicios Públicos de Empleo, de forma que exista una única base de datos de ofertas y demandas.