Los usuarios aseguran que la ley de garantías de bienes de consumo 'tiene trampas'
La ley es buena, aporta mejoras para los consumidores, pero se ha quedado corta. Así lo aseguraba ayer la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Además, ésta y otras asociaciones de consumidores han mostrado su disgusto por el hecho de que la ley de garantía en la venta de bienes de consumo obligue a los usuarios a demostrar a partir del séptimo mes desde la compra que el problema de un artículo es de fabricación y no derivado de un mal uso. La nueva ley, que entró ayer en vigor, establece una garantía general de dos años para los bienes nuevos frente a los seis meses que contemplaba la legislación anterior. Además, permite a los consumidores elegir entre la reparación de un artículo defectuoso o su reparación y hace al vendedor el principal responsable ante quien acudir si lo comprado manifiesta algún tipo de problema.
Los consumidores aplauden las medidas que contiene la norma, que responden a la transposición de una directiva europea. Sin embargo, consideran que el hecho de que deba ser el consumidor el que demuestre a partir del séptimo mes desde la compra que el defecto de un bien es de fábrica 'limita' el plazo de garantía.
Así lo asegura la portavoz de la OCU, que considera que la carga de la prueba debería recaer en el fabricante y no en el consumidor, que tiene muchas más dificultades para demostrar el fallo de fábrica.
También los Automovilistas Europeos Asociados valoran positivamente la ley, pero ponen algunas pegas y abogan por modificar y ampliar la norma en determinados aspectos como el que habla de que los consumidores tienen derecho a la sustitución o reparación, por ejemplo, de un vehículo, durante estos dos años 'siempre que la reparación no sea desproporcionada'. Esta asociación cree que la palabra 'desproporcionada' no cuantifica el valor concreto, lo que puede suponer una merma de los derechos de los consumidores.
Uno de los aspectos que más agradan a los consumidores es el hecho de que a partir de ahora, el responsable del defecto sea el vendedor porque hasta ahora en muchas ocasiones sucedía que era difícil encontrar al fabricante de un bien, o estaba tan lejos que no merecía la pena reclamar.
Vendedores preocupados
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme), Salvador Bellido, señaló ayer que la reforma es 'impracticable', puesto que la ampliación a dos años en la garantía obligatoria de los productos 'la costearán los comerciantes y no los fabricantes, cuando sólo son los intermediarios entre ellos y los consumidores'.
El presidente de esta confederación considera que la ley, aunque tiene claras ventajas para el consumidor, lo es a costa del comerciante. Además, cree que puede convertirse en un 'semillero de conflictos', porque quedan muchos puntos sin especificar 'y los problemas en su aplicación colapsarán los juzgados, que es donde acabarán resolviéndose', y añade que los derechos de los consumidores estaban ya protegidos en los tribunales de arbitraje de consumo.
La norma entra en vigor con 19 meses de retraso
'La ley llega con 19 meses de retraso. Los consumidores españoles han tenido menos derechos que otros europeos donde ya estaba en vigor', señalaba ayer la portavoz de la OCU. Lo cierto es que la norma tenía que haber entrado en vigor como límite el 1 de enero de 2002.Por esa razón la OCU cree que el Gobierno tiene una responsabilidad patrimonial. 'Si hay consumidores afectados, esta organización valorará la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la Administración por el retraso en la aplicación de esta norma comunitaria'.Ya hay un precedente en este sentido. En junio del año pasado la OCU consiguió que la Audiencia Nacional condenara al Estado español por el retraso en adoptar la directiva de multipropiedad. La organización de usuarios ya advirtió en el momento de ganar el caso que la sentencia de la Audiencia Nacional abría la puerta para posteriores demandas en el caso de que el Gobierno se retrasara en la transposición de una directiva y perjudicara con ello los derechos de los consumidores.