Las oficinas judiciales abrirán por la tarde para agilizar los procesos
La pésima percepción que los ciudadanos tienen de la justicia (un 41% de los españoles califica de mal o muy mal la situación de ésta, según la última encuesta del Consejo General del Poder Judicial) tiene una causa: su formidable retraso.
El proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial, aprobado ayer en el Congreso con los votos del Partido Popular y Coalición Canaria, se concentra sobre todo en ese punto: cómo hacer que la justicia actúe con más rapidez, eficacia y calidad.
La nueva ley propone como punto fundamental que las oficinas judiciales abran sus puertas por las tardes para atender a los ciudadanos.
'Eso no significa necesariamente que se vayan a celebrar juicios por la tarde', explica Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 'El objetivo es que los ciudadanos puedan resolver cuestiones burocráticas que ahora sólo se pueden hacer por la mañana, como recoger una citación, presentar quejas, etcétera'.
Pese a la indiscutible necesidad de la reforma, las asociaciones progresistas critican la nueva ley por su falta de consenso. 'En la reorganización de la oficina judicial, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas', apunta Javier Martínez Lázaro, de Jueces para la Democracia. 'Esta norma no es fruto del consenso, y por eso es inestable'.
æpermil;sa es también la principal crítica que hacen los partidos políticos. Desde su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el pasado 5 de mayo, el proyecto ha recibido cuatro enmiendas de devolución y una enmienda con texto alternativo, lo cual, según los partidos de la oposición, refleja 'la falta de consenso'.
'No se puede hacer una modernización de la justicia desde la óptica del ejercicio del poder', afirma Jordi Pedret, diputado del PSOE. El principal partido de la oposición reprocha al Gobierno la urgencia con la que se está tramitando una ley de vital importancia como la reforma de la justicia.
Luis Carlos Rejón, de IU, critica el 'uso y abuso del estribillo del Pacto de Estado para la Justicia para legitimar el proyecto, cuando no es una obra de la comisión de seguimiento'.
En concreto, se critica que la oficina judicial sirva a un poder, a un juez o a un magistrado, en lugar de servir a los ciudadanos. 'Por eso no hay en el proyecto referencia alguna a la carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia', afirma Pedret.
Desde el PP, Andrés Ollero aseguró ayer que esta reforma intentará terminar con la falta de plazas para nuevos jueces que han finalizado su preparación en la Escuela Judicial. Respecto a las negociaciones con otros grupos, rechazó que el PP tenga siempre que 'ceder en sus planteamientos mientras los demás no ceden en nada'. Y añadió que todos alabarán la reforma cuando se apruebe definitivamente, en el mes de noviembre.
Nuevos cuerpos técnicos diplomados
La carrera profesional queda ampliada con la nueva norma. Para ello, se estructura en un doble sentido: se aumenta el porcentaje de plazas para la promoción interna y se crean puestos con diferentes niveles de responsabilidad, para que los funcionarios vean mejorada su posición dentro de la organización. Como novedad, también se crean nuevos cuerpos técnicos con categoría de diplomados. Con respecto a la edad de jubilación, hubo intentos de reintroducirla a 72 años (ahora está en 67), pero al final se dejó igual.
La importante figura del secretario judicial
La figura del secretario judicial se convierte en una de las claves de la reforma. Se definen con mayor precisión sus funciones y se le atribuyen otras para potenciar así sus capacidades profesionales, actualmente desperdiciadas. Asume, por ejemplo, responsabilidades en materia de coordinación con las Administraciones públicas con competencias en materia de justicia. Los secretarios judiciales, además, dirigirán en el aspecto técnico-procesal al personal integrante de la oficina judicial, impartiendo las órdenes que estime necesarias.
Especialización frente a antigüedad
El Pacto de Estado para la Justicia suscrito en 2001 apostaba por la profesionalidad de jueces y magistrados. Para ello, además de la modificación del sistema de ingreso en la carrera judicial, se ha intentado potenciar los principios de mérito, formación y especialización para la adjudicación de diferentes destinos, superándose el exclusivo criterio de antigüedad. Aunque se mantiene la oposición como sistema general para el ingreso en la carrera, se establece un nuevo sistema de medición de méritos para garantizar la selección objetiva.
Reorganización de la burocracia
La reforma de la ley propone una modernización de la oficina judicial para que sirva de mayor apoyo a los jueces y magistrados. Además de atender por las tardes, la norma prevé que existan tantas unidades procesales de apoyo como juzgados, salas o secciones de tribunales haya. El Ministerio de Justicia persigue descargar a los jueces de trabajo para que se dediquen a juzgar. Según las estimaciones, con la nueva norma cada magistrado dispondrá hasta un 15% más de tiempo para desarrollar estrictamente su función judicial.