COLUMNA

Contratas, una regulación pendiente

Tragedias como la que ha costado la vida a seis trabajadores en el complejo petroquímico de Puertollano vuelven a suscitar el debate sobre la seguridad en el trabajo y la precariedad de los empleos, dos caras de una misma moneda demasiado corriente en nuestro mercado laboral.

Aunque Repsol YPF ha venido mejorando sus inversiones en seguridad durante los últimos años, siguiendo las recomendaciones del Informe Solomon para este tipo de refinerías, el accidente ha revelado que no se habían acometido todas las necesarias, por ejemplo la instalación de detectores atmosféricos de gases peligrosos en la zona de los tanques de gasolina como los ya instalados en las proximidades de las esferas que almacenan el butano. O que los medios de prevención de riesgos no estaban en las debidas condiciones de funcionamiento, como han hecho constar en su informe los bomberos de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Pero antes de todo ello, en julio del año pasado, fueron los sindicatos con mayor representatividad en la empresa, CC OO y UGT, los que presentaron un informe sobre la seguridad de la planta en el que señalaban las deficiencias anteriormente descritas y solicitaban una auditoría externa a la empresa. Petición que han vuelto a reiterar a raíz de esta última catástrofe y que ineludiblemente debe aceptar la dirección del grupo Repsol.

También han sido los mismos responsables sindicales quienes más se han ocupado de las condiciones de trabajo de los empleados de las contratas que atienden el mantenimiento y otras actividades externalizadas por la compañía. Actualmente se está en negociaciones para la renovación del acuerdo logrado por CC OO y UGT en septiembre de 2000 sobre estabilidad en el empleo, pluses en sus retribuciones y diversas mejoras en las condiciones de seguridad y control durante las paradas técnicas que se realizan para la revisión periódica de las instalaciones.

No es casual que ambos sindicatos cuenten igualmente con una muy considerable representatividad entre los trabajadores de las empresas auxiliares.

Por tanto, no tienen fundamento las acusaciones de que han sido objeto los sindicatos mayoritarios por parte de un grupo de trabajadores subcontratados ni menos aún pueden justificarse los abucheos e intentos de agresión a sus máximos dirigentes en el transcurso de la concentración posterior al accidente. Lo cierto es que quienes se movilizaron en primer lugar, para alertar al personal y así evitar un mayor número de víctimas, fueron los representantes de los sindicatos dentro de la factoría.

E igualmente, sus responsables locales y provinciales fueron las primeras personas que acudieron a prestar toda su ayuda a los pocos minutos de la primera explosión y no descansaron hasta que se extinguieron los incendios.

Desde 1986 en que se empezaron a aplicar los llamados Planes de Adaptación de Plantillas, no han dejado de crecer, no obstante, las actividades del grupo derivadas hacia las contratas. En la actualidad coinciden el nuevo proyecto P-42 para mejorar las calidades en la unidad de refino con las paradas técnicas programadas, lo que ha motivado que se sobrepasasen las mil personas subcontratadas.

Una estrategia empresarial hacia la externalización creciente de buena parte de sus procesos productivos que se ha ido generalizando en nuestro país durante las dos últimas décadas, como en el resto de los países desarrollados, sin que se hayan adoptado las correspondientes innovaciones en la legislación laboral.

De hecho tiene que ser la jurisprudencia que van sentando las sentencias del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la que se encargue de paliar la obsolescencia del Estatuto de los Trabajadores en este campo, cada vez más selvático, de las contratas y subcontratas.

Oportunidades para actualizar la legislación las ha habido. Una de éstas ocasiones fue la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Federación de la Construcción de CC OO y presentada en la Secretaría de las Cortes a finales de 1999, con el aval de 600.000 firmas. Ya entonces, el 60% de los trabajadores de ése sector estaban subcontratados y el 92% de los accidentes laborales se registraban en dicho colectivo. La relación entre siniestralidad laboral y subcontratación era innegable, pero el Gobierno del PP no quiso siquiera admitir a trámite la propuesta en el Congreso de los Diputados y fue desestimada el 21 de noviembre de 2000 con su recién estrenada mayoría absoluta.

Tres años después están teniendo que abordar la cuestión las confederaciones sindicales y empresariales en el marco de los acuerdos sobre prevención de riesgos laborales.