La oposición impide el debate de reforma tributaria propuesto por Lula
Los partidos de oposición han impedido hoy que una comisión del Parlamento brasileño comenzara a debatir una polémica reforma tributaria propuesta por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que la considera clave.
El presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), dijo que la discusión, la primera sobre la reforma impositiva, fue postergada por falta de consenso.
De los 38 miembros de la comisión, sólo quince se presentaron y para que el debate pudiera realizarse era necesaria una mayoría simple, que para el caso era de 20 diputados.
Los parlamentarios del PT acusaron al PFL, de centro derecha, y al Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) de orquestar la "maniobra" que no permitió dar inicio al primero de los debates sobre la reforma impositiva, para la que el gobierno ha pedido celeridad.
No obstante, según Cunha, el tropezón sufrido hoy por la base parlamentaria del gobierno apenas posterga el inicio de la discusión hasta la semana próxima, cuando la comisión deberá volver a reunirse, aunque el PT también barajaba la posibilidad de enviar el proyecto directo al plenario de la Cámara de Diputados.
"Es preciso tener calmar y juicio. Esta semana no habrá votación, pero se buscará el camino que sea mejor para los intereses de Brasil", dijo el presidente de la Cámara Baja.
La nueva legislación tributaria propuesta por Lula forma, junto con una no menos polémica reforma del sistema de jubilaciones, la columna vertebral de los grandes cambios estructurales que el líder socialista ha propuesto para Brasil.
Gran resistencia
Ambas reformas, sin embargo, han encontrado resistencia entre los empleados públicos, pequeños partidos de la izquierda marxista y la oposición de centro y de derecha.
Uno de los aspectos más delicados de la reforma tributaria propone la adopción definitiva de un impuesto a las transacciones en cheques, que está vigente desde hace cinco años, aunque en forma "provisional".
El gobierno de Lula ha propuesto incorporar ese gravamen al paquete tributario formal con una tasa que podrá oscilar entre el 0,8% y el 0,38% que se aplica actualmente.
El dinero de ese impuesto, según el proyecto presentado por el Ejecutivo, sería destinado a reducir el déficit en el sistema de seguridad social, complementando así los objetivos de la reforma del régimen de jubilaciones.
La oposición se ha declarado a favor de oficializar el impuesto, pero exige que lo recaudado sea repartido entre los 27 estados del país y que los gobernadores sean quienes decidan el destino de los recursos, que anualmente llegan a unos 8.000 millones de dólares.