COLUMNA

El Instituto de Reformas Sociales y la 'cuestión social'

Sin demasiada resonancia se vienen celebrando una serie de actos para conmemorar el centenario del Instituto de Reformas Sociales (IRS), cuya labor en sus 20 años de existencia (1904-1924) es valorada de forma positiva por cuantos conocen de aquella experiencia. En su día supuso una iniciativa singular, orientada a dar respuesta a algunos de los muchos problemas de lo que entonces se conocía como cuestión social y 'problema obrero'.

Es difícil resumir la variada labor de aquella institución, que abarcaba desde la regulación del trabajo de los niños hasta la promoción de casas baratas, pasando por una importante función de inspección del trabajo y llegando hasta intentar que en miles de poblaciones se constituyeran organismos equivalentes. También es difícil relatar en poco espacio sus mil y una vicisitudes y cortapisas y el magro saldo que, como consecuencia, tuvo en bastantes de sus propósitos reformadores. De ahí que pueda resultar interesante centrar el comentario en algunos aspectos relacionados con los motivos de su nacimiento y con la vigencia de la cuestión social, cien años después.

En los albores de la creación del IRS, don Antonio Maura, que no era precisamente un bolchevique sino un conservador con algo más de sentido común que el grueso de sus congéneres, llamó la atención sobre 'la necesidad de efectuar la revolución desde arriba para evitar que otros la hagan desde abajo'. Los otros eran el creciente proletariado industrial y el supernumeroso formado por los jornaleros del campo.

Cabría sospechar que las preocupaciones de don Antonio Maura eran parejas a las del noble italiano encarnado por Burt Lancaster en la película El Gatopardo, quien, también ante la cuestión social de su país, afirmaba la necesidad de cambiar las cosas para que todo siguiera igual. Pero, en honor de la verdad, el IRS intentó, con real interés en la mayoría de sus miembros, paliar las penosas condiciones de vida y de trabajo de nuestros abuelos y bisabuelos. Dicho esto, tampoco cabe ignorar que ese deseo de anticiparse y hacer la 'revolución' desde arriba no era más que el reconocimiento de que, efectivamente, había el riesgo para los ostentadores del poder de que terminara haciéndose desde abajo.

De lo dicho hasta aquí se infiere que las reformas emprendidas por el IRS y su propia existencia como institución guardaban relación directa con las luchas cada vez más organizadas de los trabajadores y con la conciencia que esas luchas generaban en otras fuerzas sociales, económicas y políticas de que para la estabilidad social y para el desarrollo económico eran precisas reformas sociales y mecanismos participativos para legitimarlas. Experiencia que conviene no olvidar, pues mantiene plena su vigencia.

Los cambios de nuestra sociedad en estos 100 años han sido espectaculares. Pero la cuestión social y la necesidad de reformas siguen vivas, con exigencias diferentes, problemas nuevos y otros nada nuevos -el paro y la exclusión social...- y con reacciones de los interlocutores sociales y económicos ante determinadas demandas, bastante parecidas a las del pasado. Aunque sólo sea a modo de anécdota, vale la pena recordar la polémica suscitada en el IRS en relación a la reiterada petición de que se legislara sobre el contrato de trabajo.

Cuenta el profesor don Juan Ignacio Palacio, en su documentado libro La institucionalización de la reforma social en España, que la discusión sobre el contrato de trabajo tuvo un momento especialmente duro cuando la patronal, que terminó abandonando el debate, se opuso radicalmente a incluir en el texto la figura de los consejos de cooperación industrial, algo parecido a los actuales comités de empresa.

Su argumento fue que significaban el 'control obrero' de la empresa y, por derivación, la abolición del régimen capitalista. Sesenta años después, con nuestra flamante Constitución en marcha, el Gobierno de la extinta UCD anunció su propósito de legislar sobre la acción sindical en la empresa. No pocos recuerdan la formidable movilización de la patronal en su contra y que el principal argumento fuera que supondría la 'sovietización' de los centros de trabajo.

Que los problemas sociales siguen teniendo entidad lo ilustra la lista de asuntos por resolver -paro, precariedad del trabajo, inmigración, exclusión social, casas baratas, atención a personas dependientes, exclusión social, etcétera- y la deriva que desde hace varios años están siguiendo algunas reformas, so pretexto de luchar contra el paro o de asegurar el futuro de las pensiones, por sólo citar algunos ejemplos de permanente actualidad.

A algunos siguen pareciéndoles pocas la media docena de grandes reformas en negativo hechas al Estatuto de los Trabajadores, a la par de insistir en recortar las pensiones obviando la continua involución que, debido a la política del Gobierno, viene produciéndose en la proporción del PIB que se destina a gasto social público. Hay que repetirlo: la cuestión social sigue viva.