COLUMNA

Las seis propuestas de la Comisión Soto

Terminaremos esta serie de tres artículos, iniciada el pasado miércoles, analizando las seis propuestas prioritarias, que compartimos plenamente, del informe de la Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CDSI), conocida como Comisión Soto. Hay un consenso general sobre 'la importancia de la educación y la formación en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)' para alcanzar la sociedad de la información (SI).

Se propone dotar a los centros educativos de los recursos técnicos necesarios para que profesores y alumnos puedan utilizarlos en el proceso formativo. Para que esos recursos resulten eficaces creemos que la propuesta debería de complementarse con otra, 'la creación de material educativo virtual, complementario al físico actual, esto es, aplicaciones y contenidos para su utilización interactiva en línea'.

Por pura eficacia inversora, además de su posible rentabilidad económica, este material no debería de ser de exclusividad de cada centro. ¿Cómo va la Administración a estimular, y quizá proteger, la creación de ese material no exclusivo? ¿Cuál podría ser el reparto más eficaz de los recursos inversores aprobados para cada centro entre la dotación de medios técnicos y la creación de material virtual?

También existe un consenso sobre los efectos estimulantes y de ejemplificación, aparte de la mejora de eficacia en los procesos internos, del 'desarrollo de la e-Administración' (e-A). Sin embargo, por el carácter de servicio público de aquélla, la e-A no puede excluir los procesos convencionales en la situación actual de escasa penetración y conocimiento de las TIC.

Generalmente es el cabeza de familia el que interactúa con la Administración, y muy pocas veces al año, con lo que los efectos positivos de la e-A serán necesariamente limitados en alcance. Respecto a ofrecer singularmente equipos y conectividad a los empleados públicos para su hogar nos parece, con perdón, una propuesta de otro tiempo, y desde luego controvertida con la de 'accesibilidad para todos'.

Por ello, creemos muy positiva la e-A, pero recomendaríamos que cada acción fuera acompañada por un análisis de coste-beneficio, incluido el social, para optimizar sus resultados y consecuentemente la eficacia de los recursos asignados, y poder verificar el cumplimiento de sus efectos.

Nos parece fundamental la propuesta de 'equiparación del mundo Internet al físico', aunque debemos reconocer la enorme dificultad de alcanzar un compromiso entre un mundo desregulado por su propia naturaleza y la salvaguarda de derechos fundamentales -intimidad, propiedad intelectual, seguridad jurídica, inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera-. El conflicto entre los nuevos colonizadores y los defensores del orden establecido está servido.

Todos compartimos la propuesta de 'alcanzar una masa crítica de ciudadanos en Internet', pero desconocemos cómo conseguirlo. El coste inicial (adquisición de un PC) puede ser un freno importante, pero tenemos serias dudas de que las tarifas de los accesos conmutados o dedicados de banda ancha sean el problema. Más bien creemos que los ciudadanos, por problemas culturales o de oferta de contenidos, no lo consideran una necesidad prioritaria. Por ello, en el informe CDSI echamos en falta propuestas relativas a la disponibilidad de servicios y contenidos atractivos que pudieran crear esa necesidad.

La propuesta de 'impulsar la integración de las TIC en las empresas' pudiera resultar la más trascendental, dado el modelo de desarrollo escogido basado en la creación de oferta. Pero no se puede ignorar la realidad del tejido empresarial español (pymes), con un equipamiento de TIC, accesos a Internet o disponibilidad de una web corporativa, integrados en los procesos de negocio, muy por debajo de los promedios comunitarios.

Para incentivar la introducción de las TIC se tiende a asimilar la inversión en tecnología a la innovación, para la cual se ofrecen ayudas financieras y fiscales. Pero esto no es suficiente, ya que hay que entender las decisiones inversoras.

Los aumentos de productividad por inversión en TIC no se producen linealmente, sino que es necesario alcanzar un equipamiento técnico mínimo sin el cual éste podría resultar un gasto difícilmente justificable.

Por otro lado, en empresas de servicios las mejoras de competitividad no van unidas al crecimiento, ya que ni las economías de escala ni las de alcance funcionan igual para los servicios que para las manufacturas. Cualquier decisión inversora en TIC debería resultar de un estudio pormenorizado que demostrara la posible mejora de rentabilidad de la entidad en su mercado natural. La formación y el asesoramiento propuestos podrán ser muy valiosos siempre que las empresas llegaran a interiorizar el nuevo escenario de la SI que se les propone.

Ya hemos comentado la importancia de integrar a todos los miembros de la unidad familiar en la propuesta de 'contribución a la integración social'.

En resumen, las propuestas del Informe CDSI son las que deberían ser, aunque creemos que podrían concretarse más, por ejemplo sugiriendo objetivos, formas de culturizar a los ciudadanos, de incentivarles a equiparse técnicamente y de motivarles a la participación. Y deberían necesariamente complementarse con propuestas concretas sobre desarrollo de aplicaciones, contenidos y provisión de valor a los ciudadanos.