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La economía sumergida se planta en el 21% del PIB

Medir la economía sumergida de un país, la que permanece oculta al pago de impuestos y la inspección de trabajo, es una labor compleja, habida cuenta de la ausencia de fuentes oficiales que aporten información, por razones obvias. Si éstas ofrecieran datos, la actividad no se definiría como sumergida (desconocida).

Por eso cobra relevancia la elaboración de trabajos científicos como el que acaba de publicar el Instituto de Estudios Fiscales (adscrito al Ministerio de Hacienda). Los autores, Ángel Alañón y Miguel Gómez de Antonio, han efectuado una aproximación desde un enfoque monetario (todo incremento inexplicado del efectivo en manos del público puede atribuirse a actividades ilegales o no registradas) y evaluando los cambios operados en los últimos 20 años en todo el territorio nacional.

Sus conclusiones son elocuentes. En España hay un volumen de actividad económica que se escapa del control legal, y que se acerca al 21% del PIB (20,9% del valor añadido bruto nacional). Una cifra nada despreciable, superior a 130.000 millones de euros. Es más, el volumen de economía sumergida ha ido aumentando de forma progresiva a lo largo de las dos ultimas décadas. En concreto, hoy por hoy, hay cinco puntos más respecto al 15,5% de comienzos de los ochenta. Eso sí, la evolución no ha sido uniforme. Los años ochenta supusieron un crecimiento espectacular de la economía no censada, que perduró hasta 1992, cuando comenzó la crisis económica.

A partir de ahí, ha seguido aumentando, aunque a tasas decrecientes. En el freno del ritmo de crecimiento ha tenido mucho que ver la generación de casi 4 millones de puestos de trabajo netos desde 1996, ya que parte de este colectivo no es empleo nuevo como tal, sino afloramiento de economía sumergida.

El informe aporta también datos desagregados por provincias. Los resultados son similares a los obtenidos en la estimación nacional: una tendencia creciente y un salto cuantitativo no muy grande entre el inicio y el final del periodo. Pero también hay divergencias. Mientras en el caso nacional la participación de la economía sumergida aumenta en casi 5 puntos, en las provincias hay una dispersión mayor.

Se encuentran territorios en los que no hay apenas variación, como Zaragoza, Sevilla, Barcelona o Baleares, donde la oscilación al alza apenas es de dos puntos. En otras, como Madrid, Cuenca o Toledo, la economía sumergida va perdiendo peso a lo largo de las dos décadas. Otras, como Ciudad Real y Guadalajara, experimentan un fuerte crecimiento, duplicando los valores iniciales.

En la parte alta de la clasificación figuran territorios como Tenerife, Huelva, León, Segovia, Ciudad Real, Cáceres, A Coruña y La Rioja, con un volumen de economía sumergida superior al 23% del valor añadido que generan oficialmente. Madrid se encuentra en un valor medio (20,4%) y Barcelona, por debajo (18,1%).

Demanda de efectivo

El análisis compara la velocidad del incremento del dinero en manos del público y la demanda de efectivo con el aumento de la producción global, corregido con otros factores, como la inflación, la presión fiscal, la carga impositiva y el tipo de interés.

Las conclusiones de Alañón y Gómez de Antonio van en la línea de un estudio elaborado por la Comisión Europea hace tres años, sobre la economía no censada en la Unión Europea, en el que se estimaba un volumen entre el 14% y el 20% del PIB para toda el área. A la cabeza de esa clasificación se encontraba Grecia, con una tasa del 30% del PIB. Para España la Comisión estimaba un 22%.

El análisis del Instituto de Estudios Fiscales no trata una cuestión relevante como ha sido la llegada del euro a los bolsillos de los consumidores y la desaparición de la peseta, que afloró parte del dinero negro existente. Sea como fuere, desde el Gobierno se está muy alerta de las bolsas de economía no censada y de los sectores en donde se generan. En 2002, el fraude fiscal detectado por la Agencia Tributaria ascendió a 11.958 millones de euros, sólo un 8% de lo que se estima como economía sumergida en todo el país.

Hay puntos de especial interés, como la piratería audiovisual, para la que ya se cuenta con un plan especial de lucha contra el fraude. Hacienda calcula que la venta de un kilo de disco compacto (CD) pirata en la calle (top manta) produce cinco veces más beneficio que un kilo de hachís, por lo que el fraude se está desplazando de una actividad a otra. La música es una prueba de lo contaminado que puede estar un sector. La Asociación Fonográfica y Videográfica de España (AFVE) calcula que el fraude ha superado ya el 30% del mercado. Hacienda ha puesto la lupa sobre otros sectores, como las aduanas y los impuestos especiales. Concretamente, el control sobre derechos antidumping, las importaciones de productos frescos y las facturas falsas de IVA.

En el sector financiero, la Agencia Tributaria está prestando especial interés en el control de las rentas de capital sin retención, las operaciones con futuros (pérdidas ficticias) y las sociedades interpuestas.

Hacienda vigila a constructoras y promotoras

Para este año, el plan de control tributario de la Administración central potencia las actuaciones sobre la vivienda, centrándose en las plusvalías generadas por la recalificación de terrenos, al amparo del boom inmobiliario.

La actuación prevista hace hincapié sobre empresas contratistas, subcontratas y promotoras. Se vigila tanto la vivienda nueva como la usada, y, muy especialmente, las construcciones en la costa.