Directivos en el punto de mira
Cada día es más normal encontrarnos noticias en las cuales los consejeros y directivos de empresas de distintos sectores son demandados por la gestión o por las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones.
Hay que recordar que con la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas en 1989, el régimen de responsabilidad de los consejeros y directivos aumenta, debiendo responder éstos con su patrimonio personal y de manera solidaria ante cualquier reclamación presentada por un tercero que se sienta perjudicado por la gestión de éstos. No es una cuestión de tamaño o de forma societaria, estamos hablando de responsabilidad que puede afectar a cualquier consejero o directivo de cualquier sociedad.
Por patrimonio personal se entiende todos los bienes que posea, haciéndose extensible al cónyuge y herederos. Ante una reclamación, ya sea justificada o injustificada, lo primero que se intentará es buscar la mejor defensa posible. Nuestra experiencia nos dice que los gastos de defensa por persona suelen oscilar entre los 90.000 y 120.000 euros, aparte de la posible indemnización. ¿Existe alguien realmente dispuesto a asumir que su propio patrimonio responda ante la cuantía de estos gastos?
Para transferir este riesgo existe en el mercado asegurador el seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos. Este seguro nace en Estados Unidos, país en el cual existe el mayor número de litigios por estas causas. Los escándalos financieros están a la orden del día, todos hemos leído en prensa casos como Enron, Worldcom, en donde los consejeros y directivos han sido demandados.
En España, este seguro empieza a comercializarse a partir del cambio de la Ley de Sociedades Anónimas, y la demanda está siendo espectacular desde 2001, debido al incremento de reclamaciones. Nadie quiere ver su patrimonio personal en peligro por una decisión de gestión activa o pasiva, en la que cualquier tercero puede verse afectado.
El tópico es pensar que las reclamaciones sólo proceden de accionistas y fundamentalmente de grandes empresas que cotizan en Bolsa. Es lógico pensar que las reclamaciones son presentadas por accionistas insatisfechos con la evolución de la sociedad, pero ¿qué ocurre con empresas no cotizadas o con pequeñas y medianas empresas?
El riesgo es independiente del tamaño de la sociedad. En todas hay personas que toman decisiones y éstas afectan a terceros que pueden reclamar. Las reclamaciones pueden provenir de:
Acreedores debido al incumplimiento de los plazos de pago.
Empleados por temas como despidos improcedentes, discriminación, acoso sexual o moral, etcétera.
Competidores alegando competencia desleal.
Clientes, por ruptura de pactos comerciales.
Compradores, por falsedad o inexactitud en la información proporcionada en la operación de compraventa.
Accionistas, por mala gestión, pérdidas de la empresa, incumplimiento de estatutos.
Organismos gubernamentales, por incumplir u omitir alguna legislación.
Por todo esto la amenaza de responsabilidad personal se ve acrecentada y pensamos que seguirá aumentando según se promulguen nuevas leyes tanto a nivel nacional como internacional.
España es uno de los países que mayor crecimiento está experimentando estos años, con importantes incrementos de actividad por parte de las empresas, produciéndose procesos de fusión, absorción, quiebras de empresa, internacionalización, etcétera, por lo que sentarse en un consejo de administración o ser designado para tomar decisiones de relevancia en una empresa es un riesgo que debe ser considerado y en la medida de lo posible reducido.
Cada vez es más frecuente encontrar en el informe anual de las sociedades, notas o apartados en los cuales se hace referencia a códigos de buen gobierno. El desarrollo en EE UU de la Sarbanes-Oxley Act ha supuesto que en Europa y en nuestro país se desarrollen y se establezcan códigos de conducta que explican cuáles son los criterios del buen gobierno de las sociedades. Es importante destacar que se está planteando dotarlos de categoría legal, por lo que el mencionado régimen de responsabilidad de los consejeros y directivos se vería acrecentado.