EE UU corta las alas al fiscal que puso en jaque a Wall Street
La propuesta republicana de limitar la capacidad de los Estados para condicionar el funcionamiento de la industria de valores ha separado a Eliot Spitzer, fiscal que destapó el caso de las recomendaciones engañosas, de los reguladores
El fiscal de Nueva York, Eliot Spitzer, está enfadado. Y no se calla. El demócrata Spitzer, tras destapar el caso de las recomendaciones engañosas de los analistas de la banca de inversión, logró que Wall Street pagara una multa millonaria y prometiera cambiar su conducta. Inició la investigación y, junto con la SEC, tramitó el caso. Ahora entiende que la mayoría republicana quiere cortarle las alas y, con el beneplácito de la SEC, recortar la capacidad de actuación de los fiscales estatales en asuntos del mercado de valores.
Todo viene al hilo de un rápido movimiento ejecutado en estos días de verano en los que tantas propuestas legislativas pasan desapercibidas. No para Spitzer, quien, como el resto de la carrera fiscal, tomó nota de cómo el 10 de julio salía adelante una propuesta de ley para reforzar los poderes de la SEC. Se trata de dar al regulador de los mercados más libertad para emitir citaciones, acceder a más documentación y tener más libertad de actuación.
Hasta ahí todo bien. Pero en la tramitación se incluyó y aprobó una enmienda republicana en la que se prohibiría a los Estados llegar a acuerdos con la banca de inversión que incluyeran reformas estructurales en sus mecanismos de funcionamiento.
Según Spitzer, con esta nueva regulación el acuerdo al que se ha llegado con los bancos en abril y por el que se les ha obligado a pagar una multa de 1.400 millones de dólares y reorganizar algunos de sus negocios no habría sido posible. Spitzer dijo la semana pasada que detrás de esta ley estaba el lobby bancario y que se quiere desproteger a los inversores previniendo lo que se puede conseguir a partir de acuerdos como el de abril.
Réplica del Congreso
El comité del Congreso que aprobó la enmienda argumenta que de esta manera se evita que los Estados, y en concreto la fiscalía, se conviertan en legisladores y modifiquen las leyes de los mercados: 'En su persecución de abusos, las fiscalías de los Estados pueden hacer las mismas cosas que hacen hoy, pero se evitarán las reformas estructurales Estado a Estado'. En esta línea, se entiende que el mercado de valores es único y que los Estados pueden perseguir el fraude, pero no dictar cómo debe comportarse el sector.
'Desarmará a los policías locales, que son la primera línea de defensa para los inversores defraudados', señaló a la agencia Bloomberg el presidente de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores. Varias organizaciones de consumidores y grupos de accionistas se han opuesto: 'No se puede obligar a que los inversores paguen una menor protección estatal a cambio de una mayor capacidad de actuación para la SEC', señalan en una carta al Congreso.
A ojos de los inversores, el fiscal de Nueva York es el bueno de la película. Destapó las irregularidades del sector partiendo de un correo electrónico en el que un analista de Merrill Lynch reconocía que las acciones que recomendaba no valían nada. Por aquel entonces la SEC, presidida por Harvey Pitt, adoptó una actitud pasiva que, junto a alguna irregularidad en el nombramiento del supervisor de los auditores, le costó el puesto. Su sustituto, William Donaldson, estuvo más cercano a Spitzer y juntos redactaron el pacto con Wall Street.
Pero el matrimonio de conveniencia se ha roto. Spitzer, en su campaña contra la nueva ley, ha involucrado a Donaldson, de quien dice que hace reverencias al Capitolio: 'Le pido que alta y claramente rechace esta enmienda', dijo Spitzer, 'quiero que diga que no es bueno para los inversores ni para la integridad de los mercados. Si no lo hace, tendré que llegar a la conclusión de que no ha aprendido nada de las lecciones de los últimos cinco años'.
La SEC no es política
El presidente de la SEC ha respondido con un doble lenguaje menos enconado, en todo caso, que el de Spitzer. Por un lado, argumenta que 'el tema a debate no es que los fiscales puedan o no perseguir el fraude, sino las reformas, que creo que es una responsabilidad de la SEC. No creo que podamos tener reguladores del mercado con propuestas en 50 Estados organizando el mercado'. Por otro, señala que la SEC no es un organismo político y que está trabajando codo con codo con los Estados para reforzar la ley del mercado de valores.
Donaldson cree que esta enmienda legislativa no habría prevenido el acuerdo de abril porque permite a la SEC 'tomar la iniciativa; la autoridad final será de la SEC, aunque puede pedir a los ayuda a los fiscales'.
Tras las primeras andanadas, Spitzer ha rebajado su tono, y afirma que ya no piensa que el propio Donaldson esté detrás de la nueva ley. Y éste todavía dispone de crédito político gracias a sus últimas actuaciones a favor de los inversores.