El fraude en la compra de móviles causa el 75% de los arbitrajes
Durante los últimos tres años unos 9.000 clientes de telefonía móvil han sido condenados en otros tantos procedimientos arbitrales por incumplir las condiciones de compra de terminales celulares subvencionados. En 2002 los usuarios condenados fueron 3.100.
Esta irregularidad se ha convertido en la causa más común que se somete a este instrumento jurídico alternativo a la justicia ordinaria. Y lo es hasta tal punto que, de cada cuatro laudos arbitrales dictados, tres tienen como protagonista al móvil.
El origen de esta lluvia de arbitrajes se relaciona con la riada de millones de euros que Amena, Vodafone y Telefónica Móviles gastan cada año en subvencionar la compra de terminales. Aunque esta inversión no es pública y está en descenso, en 2002 llegó a 350 millones.
Cuando un cliente va a una tienda a comprar un terminal de los llamados 'esclavos', esto es, que sólo pueden dar servicio con una operadora determinada, el precio que paga está subvencionado entre un 25% y un 30% por esa operadora. Hace años, en los momentos del boom celular esa subvención llegó a ser del 100%.
El riesgo que asumen el operador y su canal en estas ventas con subvención tienen como objetivo fidelizar al cliente. Para ello se le obliga a firmar un contrato de permanencia de hasta 12 meses en el servicio de la operadora que aporta la subvención. En muchos contratos se incluye también la exigencia de realizar un gasto mínimo de tráfico al mes de 60 euros.
Un número muy significativo de clientes han contravenido las condiciones de estos contratos, cambiándose de operador antes del plazo fijado o no gastando la cantidad mínima estipulada. Amena, Vodafone y Telefónica Móviles, en estos casos, han seguido la política de descontar a sus distribuidores la subvención fijada para subvencionar a los transgresores. Al final era el canal de venta el que daba la cara y el que sufría las pérdidas evaluadas en unos 900 euros por cada incumplimiento.
Grave quebranto
El quebranto económico que esta situación ha provocado a la distribución ha motivado que las principales empresas del sector, The Phone House o Redcom entre otras, hayan incluido 'cláusulas de sumisión a arbitraje' en sus formularios de 'contrato promocional de terminales de telefonía móvil', ya sea para particulares o para empresas.
De esta manera, cuando un cliente particular o empresarial acude a comprar un móvil subvencionado, la distribuidora le pide que firme, junto al contrato de condiciones, la cláusula por la que 'las partes, el suministrador y el cliente aceptan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación' en relación con el contrato 'sea resuelta mediante arbitraje de equidad, manifestando su voluntad inequívoca de someterse al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), aceptando que sea ésta la que designe el árbitro y aceptando cumplir el laudo'.
Esta situación ha provocado que en los últimos tres años se hayan firmado 2,7 millones de contratos de compra de móviles con 'cláusula de sumisión a arbitraje'. De ellos el 40% corresponden al canal de Amena, el 50% al de Vodafone y el 10% al de Telefónica Móviles.
Javier Iscar, secretario general de Aeade, asegura que la apelación a la resolución de los conflictos por la vía del arbitraje ha reducido los incumplimientos contractuales en la compra de un móvil subvencionado del 10% hace tres años, al 2% en el momento actual.
El 60% de robos y pérdidas son fingidos
La subvención intensiva a la compra de móviles ha resucitado la picaresca de los consumidores. En el año 2001 el 60% de los clientes a los que las empresas del canal de Amena, Vodafone y Telefónica Móviles denunciaron por incumplimiento de sus contratos de permanencia en el servicio, alegaron que habían perdido o les habían robado el terminal subvencionado. El secretario general de Aeade señala que también en este aspecto el compromiso de acudir a la vía del arbitraje para resolver los conflictos ha tenido una consecuencia beneficiosa, ya que menos del 10% de los denunciados en 2003 justifican su incumplimiento en la sustracción.En España existen distintas instituciones que ofrecen servicios de arbitraje. La más importante por el número de laudos que dicta al año, 3.500 en lo que va de año, es Aeade, que está especializada en contenciosos sobre telefonía móvil, arrendamiento, editoriales, seguridad y ofimática.Las cortes arbitrales de las Cámaras de Comercio atienden unos 200 procedimientos arbitrales al año sobre problemas entre empresas franquiciadas o en contenciosos entre empresas grandes y medianas.Algunos despachos de abogados de renombre como Cremades o Garrigues dictan al año medio centenar de laudos cada uno sobre grandes conflictos económicos de carácter internacional. Finalmente los colegios de abogados han comenzado a ofrecer este tipo de servicios.