Las exigencias a las privatizadas dividen al Gobierno argentino
Desde el año pasado, la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos ha estudiado la situación de los contratos, inversiones y tarifas de las empresas privatizadas. Con la formación del nuevo Gobierno, esa comisión fue rediseñada y se incorporó el ministro de Planificación, Julio de Vido, un estrecho colaborador y amigo de Kirchner.
La comisión, ahora formada por Economía y Planificación, debe decidir los pasos a seguir. Mientras tanto, el Ejecutivo envió la semana pasada al Senado un proyecto de ley para permitir que sea el Gobierno y no el Congreso el que tenga la última palabra sobre tarifas y renegociación de contratos. Lo que se persigue es evitar que una decisión del Ejecutivo sea echada por tierra por los jueces, como ya ocurrió en tres ocasiones bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde, cuando sus decretos para aumentar los precios de los servicios fueron suspendidos por los tribunales.
Ahora bien, mientras Lavagna desea que la ley se apruebe en breve y proceder a un incremento de las tarifas de gas, electricidad y, probablemente, agua, en un plazo de dos meses, el ministro De Vido ha encargado un detallado estudio de la situación de las empresas a una universidad privada. 'No se entiende para qué. En realidad ese trabajo ya fue hecho por la Comisión de Renegociación', dice un economista argentino.
Un argumento esgrimido por algunos analistas es que esa tesitura de Kirchner y la mayoría de su Gabinete sólo persigue un objetivo: acumular fuerza política de cara a las elecciones provinciales y legislativas nacionales que se celebrarán en Argentina hasta diciembre. E inscriben en ese marco su radicalismo en Madrid. Sin embargo, no todo parece ser demagogia.
Kirchner basó su ideario en la conformación de un 'capitalismo nacional' basado en una 'nueva burguesía nacional'. Importantes empresas locales, como el mayor grupo industrial y siderúrgico del país, Techint, han declarado un ideario similar. Y no son pocos los analistas y políticos que temen esta orientación del nuevo presidente. Pero sin fuerza política propia, Kirchner no podrá llevar adelante este proyecto. Los viejos líderes peronistas, como Carlos Menem y Eduardo Duhalde, no lo ven como una postura realista y empiezan a dialogar entre ellos.
Lavagna, que pugna por un rápido acuerdo a tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tampoco simpatiza con llevar hasta el final esa orientación. Y sabe que un punto central de las exigencias del FMI es descongelar las tarifas de las firmas privatizadas. Como Kirchner también quiere ese acuerdo, tendrá que optar.
En ese sentido, lo que surja de la reunión de hoy entre Kirchner y George Bush en la Casa Blanca dará una pista sobre el futuro. En un diálogo con un influyente hombre de negocios de Argentina, algunos empresarios españoles le preguntaron sobre la posibilidad de que los intereses de EE UU amenacen los suyos en Argentina. 'Miren mejor hacia la burguesía nacional', fue la respuesta. El dilema se resolverá en Washington.