Contra el blanqueo

Los abogados se enfrentan estos días al cumplimiento de una nueva norma. La ley para prevenir el blanqueo de capitales, que aprobó el pasado junio el Congreso y que acaba de entrar en vigor, exige por primera vez a estos profesionales una colaboración activa en la lucha contra este tipo de delincuencia. A la espera de que el Gobierno dicte un reglamento -que deberá estar preparado en seis meses-, los grandes bufetes se han reunido para tratar de aclarar las indefiniciones que por el momento contiene la ley.

Es cierto que la norma debe tener mucho cuidado en preservar el deber de secreto que obliga a estos profesionales. Pero no cabe duda de que la colaboración en la detección de este tipo de delitos es fundamental y, en aras de la lucha contra el blanqueo, sus obligaciones deberían prevalecer sobre su deber a guardar silencio. La abogacía se muestra preocupada por esa delgada línea que separa el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley y la salvaguarda del secreto profesional. Una línea tan sinuosa que probablemente obligará a los tribunales a delimitarla, algo que debería tener en cuenta el Gobierno a la hora de dictar el reglamento.