Los fiscalistas animan a impugnar el impuesto de sucesiones
Los contribuyentes que hayan pagado el impuesto sobre sucesiones y donaciones tienen en sus manos lograr que este tributo desaparezca. Según explicó ayer Antoni Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quienes crean en su inconstitucionalidad pueden intentar su anulación por el Tribunal Constitucional.
El primer paso es presentar en Hacienda una solicitud de devolución de ingresos indebidos por las cuotas pagadas y no prescritas (desde julio de 1999 hasta hoy). Si todo sigue su curso, en un año y tres meses se llegará ante un Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Según Durán-Sindreu, en el mejor de los casos, la decisión final llegará en tres años, y cinco años en el peor. En su opinión, 'lo mejor sería que el Gobierno tuviera la iniciativa de suprimir este impuesto. En otro caso, hacemos un llamamiento para impugnarlo'. En cuanto a la esperanza de éxito, Durán-Sindreu se mostró confiado, '10 a 0 a que se gana'. Una confianza que se matiza en el caso del impuesto del patrimonio, del que también señaló que se puede utilizar la misma vía para lograr su desaparición. En todo caso, la decisión del Constitucional sólo afectará al que reclame y no a todos los contribuyentes.
Sanciones en suspenso
Los argumentos contra ambos impuestos están en la página web wwww.aedaf.es. Una de las bases es la discriminación por residencia del impuesto de sucesiones. Aunque las comunidades autónomas no pueden suprimirlo, pueden dar bonificaciones hasta anularlo, lo que ya se da en Cantabria y La Rioja y prevista en aquellos territorios donde gobierne el PP.
Por otro lado, Durán-Sindreu aclaró que los expedientes sancionadores que deberían estar en suspenso en espera de la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria no han podido paralizarse por falta de cobertura legal. Desde la Aedaf se ha pedido que se haga esta suspensión utilizando un decreto ley de urgencia.