La CE denuncia a España por adaptar mal la ley de bienes de consumo
La Comisión Europea anunció ayer que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no trasponer totalmente la directiva sobre garantías de bienes de consumo, que fue adoptada en mayo de 1999. Esta medida se hizo extensible a Bélgica, Francia y Luxemburgo, aunque estos países no han llegado a trasponer a sus respectivas legislaciones internas ninguna disposición de esta directiva.
Esta norma acuerda un conjunto mínimo de derechos legales a los consumidores que compren bienes en el territorio de la Unión Europea, entre ellos el reenvío de bienes defectuosos o la petición de reparación o remplazo de estos productos hasta dos años después de su devolución. Los Quince tenían de plazo para adoptar esta normativa hasta el 1 de enero de 2002.
Un año más tarde, el Ejecutivo comunitario advirtió a ocho países con llevarles a los tribunales europeos por no trasponer esta directiva. Cuatro de ellos informaron en el plazo convenido de las disposiciones para adoptar este texto, pero a juicio de la Comisión, las medidas notificadas por España sólo cumplen 'parcialmente' con lo exigido, mientras que Bélgica, Francia y Luxemburgo todavía no han iniciado los trámites parlamentarios para su adopción.
Reclamaciones
La principal innovación de esta directiva es que un ciudadano puede reclamar al vendedor durante un plazo de dos años si el producto que le compró está defectuoso o no tiene las características del contrato de compra. Hay tres modalidades para atender esta reclamación: que el objeto comprado sea reemplazado por otro igual, que el consumidor tenga una reducción económica en una compra ulterior o que se le devuelva el importe completo de la compra. Durante el medio año posterior a la entrega del producto, el vendedor final tiene el derecho (y no el consumidor) de demostrar que el bien fue vendido conforme a lo estipulado en el contrato y que no presentaba ningún defecto. Con ello, se permite responsabilizar al productor de un eventual problema.