La jueza prorroga la prisión preventiva con fianza para el dueño de Gescartera
La decisión de la jueza de prorrogar la prisión de Antonio Camacho fue notificada el viernes a los abogados del dueño de Gescartera. En el auto, la jueza Palacios acuerda la prórroga de la prisión provisional con fianza de tres millones de euros establecida el pasado mes de abril.
El próximo jueves se cumplirán dos años desde el ingreso de Camacho en la cárcel de Soto del Real, por lo que sus abogados solicitaron su puesta en libertad sin fianza alegando que éste no tenía dinero y que no pretendía salir de España dado los lazos familiares que le mantienen unido a España.
Sin embargo, la juez Teresa Palacios ha decidido atender el criterio del fiscal Anticorrupción Vicente González Mota, quien consideró que el riesgo de fuga era muy elevado, y prorrogar la prisión para el dueño de Gescartera.
'La causa, iniciada hace dos años, no ha alcanzado ni siquiera la fase de enjuiciamiento', señala la jueza
Según afirma la jueza en el auto, 'el señor Camacho es español, en este territorio vive su madre y su hermano, es joven y con pareja, pero no consta que tenga ni que esté al frente de negocios lícitos con cuya marcha de España se perderían, ni tampoco depende de él un grupo o unidad familiar que haga casi prácticamente inviable abandonar España'.
Ante la alegación de la defensa de que Camacho carece de bienes para hacer frente a una fianza tan elevada, la magistrada no descarta que el imputado posea capitales 'extramuros de este país'. Además, recuerda que los peritos del Banco de España le atribuyen, a través de cuentas vinculadas a él mismo, más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros).
Antonio Camacho 'decidió y materializó en su propio beneficio esa presunta distracción (...), y siempre contra los mismos ingresos, que no eran sino el de los inversores de Gescartera', asegura la jueza en el auto.
Otro de los razonamientos de la magistrada para decretar la prórroga es que el delito presuntamente cometido por Camacho conlleva una pena superior a la prisión menor. 'Ningún precepto prohíbe que sean contemplados junto a los tipos penales básicos los subtipos agravados, así como la continuidad delictiva'.
Así, al delito de estafa, que según el Código Penal está castigado con pena de prisión de hasta seis años, se le podría añadir, según la magistrada, el agravante del valor de la defraudación. La jueza cree también que es más que probable la aplicación del agravante de delito continuado.
Aplicando todos los agravantes mencionados, la pena a la que se enfrenta el propietario de Gescartera estaría entre seis y nueve años. Si no deposita la fianza, Camacho podría permanecer en prisión preventiva otros dos años, aunque la jueza puede revisar en cualquier momento el auto del viernes e incluso rebajar la fianza.
Ayer, la defensa de Camacho anunció su intención de presentar recurso de reforma contra la decisión de la jueza en el plazo de tres días que marca la ley.
La tesis de los letrados de Camacho volverá a ser la misma que esgrimieron ante la jueza el pasado día 9 de julio: Camacho carece de bienes, está dispuesto a colaborar con la justicia y no pretende huir del país.
Complejidad
La jueza Palacios expone también en el auto la complejidad del caso Gescartera. 'La causa, que se inició prácticamente hace dos años, no ha alcanzado ni siquiera la fase de enjuiciamiento que desde luego hubiera sido lo deseable como en cualquier otro proceso penal'.
La jueza justifica esta dilación en la complejidad del caso, 'que ha llevado a practicar variadas y numerosas diligencias con la idea final de averiguar la verdad material de lo acontecido'.
La investigación del mayor fraude de la historia bursátil española, en el que desaparecieron 108 millones de euros, se inició en el verano de 2001, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidiese intervenir la agencia tras detectar un agujero contable.
Transcurridos dos años, Gescartera se ha convertido en una compleja trama donde la máxima prioridad por parte de las autoridades judiciales sigue siendo descubrir el paradero de los 108 millones evaporados. En el sumario, que asciende a 30.000 folios, se siguen varias líneas de investigación. Una de ellas busca conocer la identidad de 163 cuentas opacas del HSBC en Suiza. Para ello, la jueza envió dos comisiones rogatorias a Zúrich y a Londres que aún no han recibido contestación.
Los miles de inversores afectados por el fraude también se encuentran en una situación de incertidumbre, a la espera de que el Fondo de Garantía de Inversiones, creado para hacer frente a las reclamaciones, les abone lo que en su día invirtieron en la agencia de valores.
Hasta el momento sólo ha cobrado el 30% de los 1.800 afectados, unas 540 personas. La media de devolución, según Adicae, asociación que reúne a 1.100 pequeños inversores de Gescartera, ha sido de 16.000 euros por persona.
Aníbal Sardón El principal captador de clientes
El 12 de noviembre pasado, la jueza Palacios decretaba el ingreso en prisión del principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón. La decisión se tomó por el riesgo de fuga existente y los documentos incautados en las oficinas de su empresa, AGP. Sardón salió de la cárcel de Alcalá Meco el pasado 7 de julio, tras pagar una fianza de 1,5 millones de euros.
Julio Rodríguez-Gil El asesor fiscal que firmaba cheques
Era el asesor fiscal de la agencia de valores y administrador único de la sociedad Hari 2000. Supuestamente firmó cheques sin fondos por valor de 24 millones de euros que Gescartera utilizó para aparentar solvencia ante la CNMV. Ingresó en Soto del Real el 30 de noviembre de 2001, de donde salió a los tres meses tras pagar una fianza de 601.000 euros.
Pilar Giménez-Reyna La hermana del ex responsable de Hacienda
La presidenta de Gescartera y hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna fue una de las figuras clave en las presuntas relaciones entre la agencia, la ONCE, Hacienda y la CNMV. Ingresó en la prisión de Soto del Real el 20 de septiembre de 2001, y cinco meses después abandonó la cárcel tras depositar una fianza de 180.000 euros.